En la décima asamblea regional realizada el último sábado en Ilave, representantes de las organizaciones sociales de 12 de las 13 provincias de la región Puno ratificaron una movilización nacional el 12 de octubre. La medida fue convocada por el Comité Nacional Unificado de Lucha (CNUL), contra la gestión de Dina Boluarte y el Congreso de la República.
La reunión se desarrolló desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad Provincial de El Collao, con la participación de dirigentes de toda la región, excepto Moho y un representante de Moquegua. La jornada terminó con una movilización.
El presidente del comité de lucha colegiado de la provincia de San Román, Ernesto Flores, indicó que, tras un largo debate, se propuso que los días 7, 8, y 9 de diciembre se realice una marcha en Lima. Aunque la medida todavía será evaluada en otras asambleas.
La reunión fue propicia para mostrarle su respaldo al policía Jhon Torres Yataco, quien renunció a su institución motivado por los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las protestas en Juliaca. El agente se ha convertido en pieza clave para las investigaciones sobre la muerte de 18 civiles.
Por el contrario, los asistentes ratificaron su repudio a Antauro Humala Tasso, a quien declararon como persona no grata por haber minimizado las movilizaciones de los puneños realizadas en Lima. “No se pueden expresar así de las luchas Puno y el sur del Perú”, refirió Flores.
Rechazo al gobierno
Entre otros acuerdos, por unanimidad, se acordó que no reconocerán a los subprefectos designados por Dina Boluarte, y que tampoco se promoverán reuniones con sus ministros y funcionarios. Mucho menos se permitirían el arribo de la mandataria a la región altiplánica. Flores explicó que el rechazo a la presencia de los ministros de Boluarte, no implica la paralización de los proyectos que estén encaminados. “El aspecto técnico debe seguir por su propio curso”, dijo el dirigente, en referencia que no se debe politizar la ejecución de obras.
Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate) Perú, Moisés Chipana, indicó que el magisterio apoyará las medidas adoptadas en la asamblea, para las cuales también desde su sector realizan las bajadas de base.
El docente también fue notificado por el Ministerio Público para que rinda sus declaraciones por las protestas de enero en Juliaca, lo que considera un acto de persecución política y criminalización de la protesta. Sin embargo, a pesar de ello, asegura que seguirá en pie de lucha.
Chipana cuestionó el papel del Ministerio Público. Por un lado, actúa de manera célere para perseguir a los dirigentes y criminalizar la protesta, pero obstaculiza las investigaciones por las 70 muertes.
Fuente: La República Sur
