Por Juliana Coronado
Los arenales que los acogen hace ya cuatro años han visto desfilar a dos de los diferentes presidentes que ha tenido el Perú en este periodo y en ellos se han perdido las huellas de las promesas que nunca cumplieron.
Los más de cinco mil pobladores del Bajo Piura que fueron desplazados por el río Piura hacia el kilómetro 980 de la Panamericana Norte aún esperan las viviendas dignas que les ofrecía cada ministro que visitaba los albergues. A cuatro años de El Niño Costero lo único que ha llegado es material para iniciar los primeros 30 módulos en medio de un conflicto social por la titularidad de los terrenos que ocupan.
En medio de una pandemia, los damnificados siguen albergados en pequeñas viviendas rústicas que han ido mejorando a su manera. Algunos cuentan con paredes de barro, otros han podido comprar calaminas para protegerse de la lluvia, pero los fuertes vientos son una amenaza constante en sus precarias casas.
Sin energía eléctrica, sin agua potable y sin internet, que ahora es otro servicio básico para la educación. Así los encuentra el Bicentenario de la Independencia del país.
“No hay agua, viven en esteras y carrizos. Los techos se vuelan todas las semanas, de vez en cuando abastecen de agua mediante un pozo pero no es constante”, cuenta el dirigente Jorge Quintana Litano en declaraciones a Cutivalú.
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Conflicto social
En el kilómetro 980 hay siete campamentos: Santa Rosa, Cristo Viene, San Martín, Túpac Amaru I, Túpac Amaru II, Eleuterio Cisneros y Jesús de Nazareth.
Cuando se instalaron en estos lugares algunos pensaron retornar a sus viviendas que fueron inundadas por el desborde del río el 27 de marzo de 2017. Sin embargo, la falta de obras de protección los mantiene más seguros en esta zona alta, aunque sufriendo penurias.
Otro de los problemas que tuvieron que pasar fue la discusión por la titularidad de estos terrenos que-según les indicaron-eran de propiedad privada. Esto también retrasó los proyectos de vivienda.
Finalmente, en 2019, luego de un acuerdo entre el Gobierno y la empresa propietaria de los terrenos, se firmó un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Cura Mori para la habilitación urbana y la construcción de 1775 viviendas, de las cuales por ahora solo se iniciarán 33 módulos.
“En este lugar se ha creado un problema social, porque-según el convenio-cada beneficiario debía pagar un sol por metro cuadrado. En Santa Rosa han pagado casi todos, son 500 soles que van directamente la cuenta de la empresa Keheda”, comentó el dirigente Quintana.
La empresa Keheda es acusada por la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos de usurpar la tierras comunales.
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Los pobladores se encuentran divididos por el proceso de habilitación urbana que obligará a las familias a reubicarse, pese a que algunas “ya han invertido sus pocos ahorros en la construcción de sus precarias casas”. A esto se suma los pagos que han realizado para garantizar la regularización de la propiedad que ocupan hace cuatro años.
“Ya ha pasado más de un año (de los pagos) y todavía la empresa no nos da un documento que acredite que nosotros somos propietarios de los terrenos, (…) el acuerdo era que se iba a respetar el lugar donde estábamos y ahora la empresa nos quiere mover 13 metros, vamos a perder lo que ya hemos invertido”, cuestionó el dirigente Leopoldo Namuche, representante de las familias damnificadas.
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Por su parte, el exdirigente Carlos Paz señaló que es importante avanzar en el proceso de ordenamiento para que “se puedan ejecutar las obras de agua, desagüe, energía eléctrica y pistas y veredas”.
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Para Jorge Quintana, el Gobierno tiene que intervenir en este conflicto, para llegar a una conciliación. “Si van a moverlos tienen que aplanar el terreno y no exponerlos a la línea de alta tensión. Se puede negociar mediante una mesa de diálogo, pero el Estado los ha dejado al abandono”, indicó.
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Anuncian plantón
Los dirigentes anunciaron que este sábado 27 de marzo se realizará un conversatorio en el distrito de Cura Mori, mientras que un grupo de vecinos de los campamentos llegarán hasta la comuna para protestar por el retraso en las obras prometidas.
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