El Proyecto Alto Piura (Peihap) no podrá ejecutar cartas fianza del consorcio Obrainsa-Astaldi mientras no se resuelvan las controversias en un laudo arbitral. Así lo resolvió el juez Juan Pablo Rengifo Santander, titular del 13º Juzgado Civil subespecial comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima.
El gerente del Peihap, Marco Tulio Vargas Trelles, sostuvo que el mencionado juez no debió pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por el consorcio Obrainsa-Astaldi porque no tiene competencia territorial.
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Según el funcionario, el contrato de la obra, la Ley de Arbitraje (DL Nº 1071) y el artículo 637º del Código Procesal Civil, así lo determinan, teniendo en cuenta que el domicilio de los contratantes se estableció en la localidad de Chulucanas.
“El Juez aduce que es competente porque las oficinas del banco emisor de las cartas fianzas se ubican en Lima, esto quiere decir que si las oficinas del banco quedaban en Suiza, la medida cautelar se hubiera ejecutado en Suiza. La resolución de controversias, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y el contrato de la obra, se deben realizar necesariamente en el centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Piura, por tanto se incurre en incompetencia territorial”, explicó Vargas Trelles.
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El gerente señaló que el juez Juan Pablo Rengifo Santander ha aceptado, en forma inaudita, una contracautela de quinientos mil soles, inmovilizando cartas fianzas por más de 105 millones de soles, poniendo en grave riesgo los recursos del Estado, sobre todo los 70 millones de soles que fueron entregados en efectivo al contratista, en abierta contradicción con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
“Se confirma, de esta manera, la intención del consorcio Obrainsa-Astaldi de sacar provecho al proceso de intervención económica dispuesto por el Proyecto Alto Piura, por la paralización injustificada de las obras del primer componente, ya que mediante un proceso bastante cuestionable ha obtenido una medida cautelar para que el Peihap se abstenga de ejecutar las cartas fianzas”, expresó Marco Tulio Vargas Trelles.
El funcionario enfatizó que las acciones tomadas por el Gobierno Regional y por el Peihap están debidamente sustentadas, detalladas y documentadas. Además, detalló que se ha consultado a la Contraloría General de la República sobre la viabilidad de los requerimientos del contratista para la continuidad de la ejecución de las obras del primer componente.
De igual manera, indicó que en atención al pedido de los congresistas se tiene la opinión de consultores externos respecto al estado situacional del proyecto, asimismo se ha convocado a un comité de expertos integrados por representantes de las universidades de Piura y colegios profesionales, y así contar con una opinión técnica y legal, clara y transparente, cuyos aportes han permitido sustentar una posición regional frente a la paralización injustificada de las obras por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi.
