Los docentes y los padres de familia de los estudiantes del colegio La Unión pidieron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, que investigue a los funcionarios y al alcalde distrital de La Unión, Fernando Ipanaqué Mendoza, debido a supuestos actos de corrupción advertidos en la licitación de la obra “Rehabilitación de la infraestructura de la institución educativa La Unión”.
Además, piden que se investigue a Henry Zeta Córdova, representante del Consorcio Naranjo; Raúl Pulini Aguilar, gerente de Desarrollo e infraestructura; Iván Jiménez Tusse, subgerente de Abastecimiento y a los miembros del comité de Licitación de la adjudicación del Proyecto Elaboración de expediente técnico para la construcción de la IE. La Unión, además de los funcionarios que otorgaron conformidad a los pagos realizados por elaboración de expediente.
Según suscriben los docentes y padres de familia, el proceso de licitación carece de transparencia, pues, a pesar de que solicitaron copias del expediente técnico y de la información relacionada a la licitación de dicha obra, hasta la fecha, el alcalde no ha respondido al pedido. Además, señalaron que el consorcio encargado no habría hecho los estudios correspondientes.
Por ello, pidieron a la Fiscalía que intervenga en el caso, solicite a la Municipalidad Distrital de La Unión el expediente administrativo de la licitación y el expediente técnico de la institución educativa, a fin de realizar las indagaciones que correspondan.
OSCE observó proceso
Como se recuerda, el Organismo supervisor de las contrataciones del Estado OSCE emitió el informe N° D000773-2021-OSCE-SPRI, donde recomendó declarar la nulidad del proceso de licitación “por vulnerar las bases estandarizadas de los procesos bajo la normativa de Reconstrucción con Cambios”, al consignar requisitos excesivos.
Entre las observaciones hechas por la OSCE, destaca que en las bases del concurso, la comuna distrital requirió presentar una carta de compromiso firmada y legalizada de los profesionales propuestos y una declaración jurada de propiedad o compromiso de alquiler para el equipamiento, además de distintas certificaciones ISO para garantizar la calidad de los productos y servicios de las empresas. Al respecto, el OSCE señaló que para el procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios no se puede solicitar documentación adicional a las establecidas en las Bases Estándar, es decir, la comuna estaría solicitando más requisitos de los necesarios.
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