Escribe: Federico Chunga Fiestas
El intento de feminicidio contra Eyvi Agreda, a quien Carlos Hualpa le prendió fuego por negarse a mantener una relación sentimental con él, es apenas una muestra más de la violencia estructural que sufren las mujeres en nuestro país. Y es estructural porque forma parte de una cultura machista que las afecta a casi todas ellas, asentada por siglos desde las casas, las escuelas, los centros de trabajo, las calles y las iglesias.
En esos espacios, incluso hoy, de modos a veces sutiles, se sigue validando el mensaje de que los hombres deben tener poder sobre las mujeres y que a estas les corresponde sumisión y obediencia. Las iglesias, especialmente las de corte más ultraconservador, ya sean católicas o evangélicas, suelen ser más agresivas al relegar a las esposas al papel de cuidado del hogar y de sometimiento al marido, como mandato divino.
Aunque parezca medieval, esos mensajes se difunden hoy, en pleno siglo XXI, como verdades sagradas a miles de familias, a contracorriente de décadas de avances en la lucha por los derechos de las mujeres y de las políticas públicas que poco a poco viene implementando el Estado para lograr la igualdad de oportunidades.
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Las estadísticas son claras al respecto. En 2016, un 68,2 % de las mujeres peruanas que tenían relación de pareja declararon haber sido alguna vez víctimas de violencia por parte de esa pareja; el 31,7 % en la forma de violencia física. Ese porcentaje supera el 40 % en Apurímac, Puno y Junín.
El 72,8 % de las víctimas no buscó ayuda en ninguna institución pública. Asimismo, el 72,6 % de víctimas de violencia sexual reportadas fueron menores de edad. Con lo graves que siguen siendo estas cifras, todas ellas son mejores que las correspondientes al año 2000. Los avances, sin embargo, han sido lentos y en ello tiene principal responsabilidad el Estado.
La indignación que nos genera a la mayoría un caso como el de Eyvi Agreda debe movilizarnos para exigir y vigilar que el Estado adopte acciones concretas y medibles contra este tipo de violencia. Por ejemplo, es necesario agravar las penas para los casos de violencia contra la mujer, pero también debemos asegurarnos de que el sistema de justicia esté preparado para proteger a las víctimas y juzgar debidamente a sus agresores.
Para este efecto, por ejemplo, siguen siendo insuficientes los Centros de Emergencia Mujer, como insuficientes los policías, fiscales y jueces especializados en la atención de esta problemática.
Sin embargo, es en el cambio cultural donde podemos garantizar mejoras profundas y a largo plazo, y allí es fundamental la escuela. Si les enseñamos a los niños el valor del respeto mutuo, si dejamos de educarlos en el machismo y en cambio les brindamos una educación en la igualdad y en el respeto a la diversidad, no solo crearemos mejores ciudadanos sino también una sociedad más justa.
Para ello hay que romper estereotipos y prejuicios, incluso si estos vienen disfrazados de creencias religiosas. Debemos proteger el currículo nacional de los fanatismos religiosos y machistas. Contra estos dogmas debemos promover la formación de personas libres y capaces de cuestionar injusticias como las que las mujeres todavía se ven obligadas a combatir. A largo plazo, eso también hará a las mujeres, y a los hombres, más libres.
