Opinión: «El derecho a decidir»

Por Grazia Hernández Távara, comunicadora feminista.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU)- Perú, se estima que más del 60% de los embarazos no planificados concluyen en un aborto, de esta el 45% se realiza en condiciones de insalubridad por lo que el 13% de estos termina trágicamente en muertes maternas. Es por ello que el debate del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país debe ser tratado como tema de salud pública.

El aborto terapéutico en el Perú está legislado desde 1924 en casos en los que la salud o la vida de la mujer están en riesgo inminente. Pero la congresista Rosángella Barbarán Reyes, del partido Fuerza Popular, pretende retroceder 98 años en la lucha de los derechos de las mujeres al modificar la ley para dotar de derechos al concebido por sobre las niñas, adolescentes y mujeres peruanas.

El Proyecto de Ley 1520, aprobado por la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, busca «promover la protección del embarazo» —no de la madre— y garantizar «el derecho a la vida y el bienestar de la persona humana». Este proyecto atenta pretende forzar a niñas y adolescentes a ser madres, incluso cuando han sido víctimas de violación.

En el Día de lucha mundial por la despenalización y legalización del derecho al aborto, es necesario abrir el diálogo sobre estos temas que incomodan porque muchas personas, desde sus privilegios, no entienden. Aprobar este proyecto de ley supondría torturar a niñas y adolescentes que sufrieron abusos al forzarlas a maternar, criminaliza a quienes pierden a sus bebés por abortos espontáneos y dificulta la acción en casos de embarazos de alto riesgo.

El Perú ya le ha fallado a las mujeres en todo su ciclo de vida en más de una ocasión. Somos el único país de Latinoamérica que ha sido encontrado responsable de haber negado el aborto terapéutico a 2 menores, esto por comités internacionales. Si esto pasa cuando la ley nos ampara, ¿qué sucederá después?

La mayoría de embarazos no planificados se dan en un contexto de abuso, desinformación y abandono de las instituciones del Estado que deberían velar porque cada niña y adolescente del país goce de una vida plena. Y no es una petición, es nuestro derecho.

Opinión: «¿Qué tiene que pasar para que podamos tratar a las personas igualitariamente?»

 

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