Opinión: «El CNM deslegitima a nuestro sistema democrático»

El abogado Federico Chunga Fiestas, comentarista de CUTIVALÚ, considera que al menos la mitad de los miembros del CNM debe ser elegida por concurso público, y que urge implantar un nuevo modelo de selección de jueces y fiscales.

(Foto: Perú.21)

Escribe: Federico Chunga Fiestas

Nuestro sistema democrático es todavía demasiado frágil. Por ejemplo, instituciones de alto nivel y confianza ciudadana pueden perder en pocos meses su prestigio ganado durante décadas si su dirección cae en manos de personas sin las condiciones éticas y profesionales mínimas.

Ello viene ocurriendo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que luego de haberse distinguido desde el 2001 por una labor eficiente y confiable, afronta hoy serios y fundados cuestionamientos a causa de graves casos de tráfico de influencias en el que estaría involucrado su propio jefe nacional, Adolfo Castillo, lo que ha puesto en serio riesgo la legitimidad de las elecciones regionales y municipales de octubre.

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Adolfo Castillo, una persona sin experiencia en la gestión de procesos electorales, fue puesto de modo inexplicable al mando de la ONPE por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a su vez, una de las instituciones más desprestigiadas del Perú, sobre la que también pesan serias sospechas de tráfico de influencias, que acaban de ser documentadas a través de la publicación de audios por el portal IDL-Reporteros.

Denuncian que jueces y miembros del CNM negocian designaciones

En esos audios se aprecia a al menos tres consejeros del CNM, incluyendo a su expresidente, un vocal supremo y al presidente de la Corte del Callao, utilizar sus puestos para pagar y recibir favores personales o privados, es decir, para groseros actos de corrupción.

De acuerdo con nuestra Constitución Política, el CNM está encargado de la selección y el nombramiento de jueces y fiscales a nivel nacional, y de la selección y designación del jefe de la ONPE y del RENIEC. Está conformado por siete miembros, cada uno de ellos elegido, respectivamente, por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, los miembros de los Colegios de Abogados del país, los miembros de los demás colegios profesionales del Perú, los rectores de las universidades nacionales y los rectores de las universidades particulares.

Pese a que del CNM dependen elementos fundamentales de nuestro sistema democrático, su importancia suele pasar desapercibida, dada la escasa conciencia ciudadana sobre el tremendo impacto de esta institución en el desarrollo del país y en los derechos fundamentales de sus habitantes.

El problema del CNM es tan grave que desde hace varios años organizaciones de la sociedad civil han denunciado frecuentes irregularidades, las que han contribuido permanentemente a elegir y mantener a jueces y fiscales sin capacidades técnicas y éticas para administrar justicia, fáciles de manipular o presionar, cuando no autores y cómplices de un conjunto de actos delictivos.

La propia Comisión Presidencial de Integridad recomendó que el sistema de elección de consejeros del CNM sea modificado, de modo que al menos la mitad de sus miembros sea fruto de un concurso público de méritos de máxima transparencia, así como que se implante un nuevo modelo de selección de jueces y fiscales que evite que el tráfico de influencias sea la principal herramienta de selección.

El sistema actual ha demostrado no servir y ha convertido al CNM en una zona de impunidad, y de paso ha dejado en claro que ni los Colegios de Abogados ni los otros colegios profesionales ni las universidades públicas ni las privadas tienen la capacidad para garantizar una selección adecuada. Los cambios deben ser radicales porque el país no puede tolerar un CNM de este tipo un día más.