Catacaos fue uno de los distritos más golpeados por el desborde del río Piura ocurrido aquel fatídico 27 de marzo del 2017. Sin embargo, pese a que han pasado casi dos años, la población siente que las autoridades no han hecho nada para mejorar esta situación.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Catacaos, Manuel Robledo, cuestionó que los diques y defensas ribereñas, supuestamente rehabilitados por el gobierno central, no resistirían nuevos caudales del río Piura.
Otro de los problemas identificados es el sistema de drenaje pluvial que urgentemente necesita Catacaos. Sin embargo, el dirigente critica que no se haya hecho.
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A eso se suma el sistema de agua y alcantarillado que increíblemente continúa colapsado desde hace dos años. “Ni siquiera se ha rehabilitado, solo se considerado la carretera Piura – Catacaos en la reconstrucción”, señala Robledo.
Para el dirigente este panorama es indignante, debido a que todas estas falencias ya han sido identificadas por la misma población, sin que haya sido escuchada. “Estamos acusando al presidente Martín Vizcarra de ser los responsables si algo le pasa a Catacaos, nuevamente”, manifiesta el dirigente.
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El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Catacaos, Manuel Robledo, también cuestionó la última declaratoria de emergencia para Catacaos. “Las declaratorias no funcionan, porque los presupuestos que maneja los gobiernos locales, son mínimos”, opina el dirigente cataquense.
Para Manuel Robledo lo que las autoridades deben hacer es ‘una intervención real de prevención’ que implique la presencia en la zona de maquinaria pesada, cisternas y de brigadas ciudadanas que estén preparadas para una emergencia.
Sin embargo, el dirigente cuestiona que hasta la fecha el Gobierno en sus tres niveles, no haya tomado en cuenta a la población, pese a que los lugareños conocen perfectamente la problemática de sus zonas.
Este plan de prevención debe ir de la mano con el manejo integral de la cuenca del río Piura. Por lo que es muy preocupante para Manuel Robledo que se haya anulado el contrato con el consorcio ejecutor del Plan Integral del río Piura.
