Fuerza Popular ha planteado tres proyectos de ley que afectarían la libre circulación de las ideas. El último de ellos propone penalizar la difusión de mensajería instantánea.
El primer proyecto, presentado por las congresistas Alejandra Aramayo y Úrsula Letona el 31 de marzo, menciona que «no podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo […] las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado».
Es una versión edulcorada de la propuesta legislativa que hicieron el 3 de marzo del 2017. Aquella vez habían incluido en la prohibición a los investigados por presunta corrupción en el Ministerio Público. También planteaban que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones organice una «veeduría ciudadana» para fiscalizar a los medios.
“La medida sigue estando dirigida a controlar contenidos y es absurda porque asume que las personas condenadas por corrupción no serán objetivas o veraces”, señala el abogado especializado en temas de libertad de expresión, Roberto Pereira.
Uno de los argumentos de Letona para defender su prohibición era que en países como Colombia ocurría. Sin embargo, la colombiana Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ha explicado que en su país hubo una ley similar que fue vetada por la Corte Constitucional.
«La sentencia C634-2016 declaró inconstitucional la prohibición genérica de que personas condenadas por la justicia pudieran participar en los medios de comunicación», señaló el 15 de mayo. El principio que se defiende es que el Estado no puede negarles la voz a los condenados.
Mensajería instantánea
El proyecto de ley 1950, propuesto por Héctor Becerril el 3 de octubre, busca modificar el artículo 164 del Código Penal para incluir dentro del alcance punitivo a aquel que publique correspondencia «de mensajería instantánea o correo electrónico».
De este modo, un periodista no podría difundir, aunque sea de interés general, una conversación de WhatsApp, por ejemplo. Si lo hace, sufriría una «limitación de días libres de veinte a cincuentidós jornadas», de acuerdo al texto.
Becerril también plantea sancionar con un máximo de dos años de cárcel a aquel que difunda «una comunicación telefónica o grabación de la misma que cause perjuicio a otra persona».
El mes pasado Cuarto Poder difundió una grabación telefónica en la que la parlamentaria Yesenia Ponce revelaba que Keiko Fujimori buscaba postergar un proyecto de ley para cuando fuera presidenta.
“Hay un sedimento autoritario en Fuerza Popular que aflora en diversas manifestaciones, por ejemplo, en un par de proyectos de ley que ya han sido rechazados por el resto de partidos. Ese sedimento tiene su origen en el gobierno que tuvieron en los años noventa”, explica Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Otro proyecto de ley naranja que podría ser riesgoso es el 1011, que plantea que los medios destinen el 2% de sus ventas a pagar un seguro social para los canillitas, algo que, según Botero, debería estar en manos del Estado.
Los pequeños y medianos periódicos que no puedan asumir esta obligación podrían sucumbir y desaparecer.
(Fuente: La República)
