La noche de ayer, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que limita la figura de la colaboración eficaz en un plazo máximo de ocho meses, pese a que el Ejecutivo observó dicha autógrafa y propuso un plazo de 36 meses improrrogables.
Ante ello, el abogado penalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, calificó esta ley como .016 comentarios en moderación «el salvavidas de los corruptos» y alegó que, con esta norma, el Congreso busca eliminar la figura legal de la colaboración eficaz.
Ello debido a que el plazo de 8 meses que se aprobó es corto y podría representar un obstáculo para el adecuado trámite de los procedimientos de una investigación fiscal.
«La consecuencia es que 8 o en 16 meses, como máximo, para organizaciones criminales, no se corrobora, simplemente, ese procedimiento queda en nada. Eso es lo grave porque, por falta de tiempo, no vas a dejar de corroborar. Pero lo que dice este proyecto de ley es que, si en esos 16 meses, de manera extraordinaria que se da, la Fiscalía no logra corroborar los actos de colaboración, simplemente, el pedido del aspirante a colaboración queda en nada», aseguró Quispe, para Cutivalú.
Argumentó que el tiempo otorgado no respondería a la complejidad de los delitos en los que se autoriza el uso de la colaboración eficaz, como son delitos de crimen organizado y otras formas delictivas graves como lavado de activos, trata de personas, corrupción de funcionarios, delitos informáticos, etc.
Procesos de colaboración eficaz en trámite
En esa línea, el abogado penalista advirtió que esa ley no solo aplicará para los procesos de colaboración eficaz que se inicien de ahora en adelante, sino que también aplica para los que ya están en trámite. De esta manera, Quispe explicó que hay procesos que ya superaron el máximo de 16 meses que plantea la norma y que podrían anularse.
«Entonces va a cortar 54 procedimientos de colaboración eficaz que están en trámite, eso significa que si no están corroborados, no tienen la homologación o validación del juez, o sea, simplemente, lo que haya dicho el colaborador, no sirve para nada. No tendrá el beneficio y menos se podrá usar su declaración, porque así dice la norma», precisó.
