La reciente aprobación de un decreto por parte del Ejecutivo, que introduce modificaciones en el Nuevo Código Procesal Penal, ha generado un enérgico pronunciamiento por parte de la Junta de Fiscales Supremos.
La disposición, otorga poderes a la Policía Nacional del Perú para investigar sin requerir la presencia del Ministerio Público.
La Junta de Fiscales Supremos ha declarado que han revisado detalladamente las resoluciones emitidas el 21 de diciembre de 2023 por la gestión encabezada por Dina Boluarte. Asimismo, han señalado que estas nuevas normativas «vulneran las funciones constitucionales» de la institución fiscal.
En este contexto, se ha decidido establecer una comisión específica encargada de evaluar y considerar acciones legales contra estas disposiciones que limitan las facultades del Ministerio Público.
Exclusión de la Fiscalía
La Junta de Fiscales Supremos dijo que ningún representante de la Fiscalía fue convocado por la gestión de Boluarte para brindar su opinión o posición respecto a estas medidas, a pesar de ser los titulares de las acciones penales en el país. Este actuar contraviene, según señalan, el artículo 166 de la Constitución Política, el cual está vinculado con el inciso 4 del artículo 159 de dicha norma.
La Junta de Fiscales Supremos hace hincapié en la obligación de la Policía Nacional del Perú de acatar los mandatos emanados de la Fiscalía.
El decreto, publicado en las vísperas de las festividades de fin de año, busca permitir intervenciones policiales sin la presencia de un fiscal. En el artículo 67 del Decreto Legislativo se especifica que la PNP tomará conocimiento de las acciones y comunicará a la autoridad, pudiendo llevar a cabo investigaciones en casos considerados «urgentes o inaplazables».
La jefa de Estado, Dina Boluarte, ha afirmado que esta medida busca devolver a la Policía sus «capacidades de investigación de delitos en etapa preliminar» después de 19 años. Sin embargo, algunas voces críticas, como la del exfiscal supremo Víctor Cubas, han calificado ciertas disposiciones como «inconstitucionales», argumentando que permitirían a la PNP realizar intervenciones en comunicaciones, levantar el secreto bancario y tributario, acciones que deberían estar bajo la órbita del Ministerio Público.
Fuente: Difusión
