La reciente emisión del informe 045-2021/GRP-440000 enviado por la empresa Pronte a la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, en el que se advierte un presunto pago irregular de más de 23 millones de soles por obras no ejecutadas en el tramo II de las Defensas Ribereñas de Piura, ha motivado la solicitud de una investigación fiscal y el pedido de intervención de la Contraloría en esta millonaria obra, valorizada inicialmente en más de 98 millones de soles.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Reconstrucción del Norte, Franco Salinas López, anunció que “ya informó a la Fiscalía de la Nación sobre los supuestos pagos sobrevalorados en la obra del río Piura, tramo II” para que se investigue y determine responsabilidades.
El parlamentario envió el oficio N° 526, a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el cual adjunta el documento firmado por el Ing. Carlos Andrés Palacios Meza, gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, quien da cuenta a la Gerencia General del GORE que se habrían producido pagos indebidos por un monto de 23 millones 540 mil 805 soles en la ejecución del contrato suscrito con el Consorcio Protección Piura y Castilla para la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla, entre el puente Cáceres y futuro puente Integración”.
“Aquí hay dinero del Estado que se ha desembolsado por trabajos no ejecutados o realizados, y eso tiene que ser investigado por la Fiscalía de la Nación, que debe denunciar a todos los comprometidos en esta irregular situación”, señaló Franco Salinas a diario Correo.
Salinas López cuestionó que esta obra necesaria para disminuir la vulnerabilidad de la ciudad a futuras inundaciones, “finalmente terminaría costando cerca de 140 millones de soles, debido a todos los presuntos indicios de corrupción que se han detectado en el proyecto”.
El informe
El informe técnico 045-2021/GRP-44000 sobre la revisión de expediente técnico de saldo de obra advierte que existen metrados consignados como metrados acumulados y que aún están por ejecutar, los mismos que se pueden considerar como no ejecutados e injustificadamente cancelados, por un monto de 23 millones 540 mil soles.
Al respecto, Jesús Torres Saravia, gerente general del Gobierno regional de Piura señaló que el informe presentado por Pronte, la actual empresa ejecutora del tramo II, no es concluyente y tiene la única función de verificar si el expediente de saldo de obra entregado por la Gerencia de Infraestructura y la obra física coinciden en cuanto a los trabajos que quedan por ejecutar. En este sentido, afirmó que con este documento no se puede determinar si hubo o no un pago indebido.
Asimismo, detalló que el informe pasará a la Gerencia de Infraestructura, que evaluará el avance de la exejecutora y lo comparará con la información alcanzada por Pronte. Después de este análisis, se determinará si hubo o no un sobrepago.
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Torres Saravia, máximo funcionario de confianza del gobernador Servando García Correa, aseguró también que, mediante oficio N° 98-2021, el pasado 21 de abril, el Gobierno Regional de Piura dio a conocer los hallazgos del informe al gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez Merino, a la Procuraduría Pública Ad Hoc Penal y a la Secretaría Técnica, a fin de continuar con el procedimiento correspondiente.
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