El 16 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas informó a la Municipalidad Distrital de Carmen de la Frontera (Huancabamba), sobre la aprobación de la segunda modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del proyecto minero Río Blanco.
Al respecto, el alcalde de Carmen de la Frontera, Sebastián Melendres Ubillus, declaró a través de Cutivalú que la municipalidad solicitará, en el transcurso de la primera semana de noviembre, la anulación del documento alcanzado por el Minem. El pedido de anulación se basa, según indicó la autoridad edil, en el pronunciamiento de más del 90% de los pobladores de Ayabaca y Huancabamba, que en una consulta vecinal evidenciaron su oposición al proyecto minero Río Blanco, entonces llamado Majaz.
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La resolución alcanzada por el Minem aprueba un cronograma de actividades en dos etapas: la primera sería de “evaluación social”, que debería culminar en agosto del 2022; y la segunda sería la fase de implementación, programada hasta mayo del 2030. Además, establece que Río Blanco deberá cumplir con un “Plan de sensibilización social”, así como informar anualmente al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) acerca de los avances realizados.
Entre las actividades aprobadas se encuentra la construcción de la carretera que lleva hasta el campamento minero; así como labores de apoyo social. En su solicitud, la empresa señaló que requería la ampliación del cronograma del Plan de Rehabilitación pues debido a la situación de conflicto social no había podido iniciar actividades.
Cabe recordar que Río Blanco es un proyecto minero que busca explotar los yacimientos de cobre y molibdeno en la zona y que se encuentra paralizado desde hace años. Recientemente, China ha insistido en incluir a Río Blanco entre los proyectos prioritarios que busca llevar a cabo en el Perú.
Solicitan el retiro de la minera
El colectivo Red Muqui, conformado por 29 organizaciones de la sociedad civil en Perú, que actúa por la defensa de los derechos y el desarrollo sostenible de comunidades en entornos de actividad minera, solicitó al Gobierno Nacional el retiro de la empresa minera Río Blanco de Piura y pidió que respete la decisión de la población de Carmen de la Frontera y de Pacaipampa.
El colectivo sostuvo que los trámites del Ministerio de Energía y Minas resultan contradictorios, ya que la Oficina General de Gestión Social de la misma institución, demostró en reiteradas ocasiones que no existe la licencia social al proyecto Minero Río Blanco. “Los pobladores saben que si el proyecto ingresa va constituir un grave riesgo contra los ecosistemas hídricos del páramo y los bosques de neblina que regulan el agua y garantizan la biodiversidad de la cual depende el agro y la vida de las poblaciones involucradas”, anunciaron en Red Muqui.
Red Muqui rechaza decisión del Ejecutivo que reaviva conflicto por el proyecto minero Río Blanco
