La Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en la alcaldesa Ysmenia Monja Zapata, su ex gerente Alan Marcelo Jaime y ocho funcionarios por girar fondos públicos a su favor por más de un millón de soles.
Según el informe de control durante el periodo del 2019 a julio de 2020, mediante el aplicativo SIAF se autorizaron el giro de cheques por un millón 139 mil 642 soles en un mismo día sin haber seguido el procedimiento correspondiente generando un perjuicio a la entidad.
La comisión auditora verificó que no existía la documentación física que autorice y sustente dicho gasto. Los cheques fueron girados y cobrados a favor de los mismos funcionarios que autorizaron la emisión de este documento para después simular el pago directo a proveedores que no efectuaron ningún servicio a la municipalidad. Para ello se usaron comprobantes de pago carentes de veracidad.
Los hechos descritos transgredieron artículos de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2019, al decreto de urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, además de vulnerar otras normas.
Según Contraloría dicho perjuicio fue causado por la actuación del entonces gerente municipal Alan Marcelo Jaime, quien efectuó el registro de las fases de ejecución de gasto sin los documentos regulados, así como de los subgerentes de Contabilidad y Presupuesto y Tesorería por no alertar a la entidad de la existencia de estos expedientes SIAF, generados irregularmente.
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Asimismo, por la actuación de los responsables de las cuentas bancarias que autorizaron el giro de cheques a favor de personal de la entidad y a la vez estos últimos por el cobro de fondos públicos, bajo la apariencia de realizar pagos en efectivo a proveedores y terceros por bienes y servicios no acreditados.
Incluso, dicha situación fue respaldada por la actual alcaldesa Ysmenia Monja Zapata y la fedataria que autenticó las facturas por bienes y servicios no prestados.
El resultado del servicio de control posterior fue comunicado a la Municipalidad Distrital de Salitral para el deslinde de responsabilidad administrativa de las personas involucradas. También será enviado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para el inicio de las acciones penales contra los funcionarios y exfuncionarios.
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