De los 6 finalistas, más de uno arrastra cuestionamientos por sus posturas sobre temas polémicos, pero dos de ellos advierten un peligro para la justicia por su vinculación o simpatía con el fujimorismo.
Tras un proceso de evaluación cargado de irregularidades, son 6 los candidatos al Tribunal Constitucional propuestos por el Congreso de la República que llegaron a la fase final de la elección, de los cuales los dos aspirantes que obtuvieron mayor puntaje, Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse, han actuado o se han pronunciado a favor de causas de corte político impulsadas por Fuerza Popular o estuvieron vinculados a políticos fujimoristas y sus aliados en Renovación Popular y Avanza País.
Después de pasar por entrevistas presenciales y la evaluación de sus hojas de vida, los finalistas en la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional resultaron así: Francisco Morales Saravia (92,89), Gustavo Gutiérrez Ticse (88,67), Helder Domínguez Haro (84,45), Luz Pacheco Zerga (83,96), Manuel Monteagudo Valdez (75,88) y César Ochoa Cardich (73,32).
Uno de ellos es el abogado Francisco Morales Saravia, quien en el pasado fue propuesto por congresistas de Fuerza Popular y el Apra para distintos cargos en el Parlamento y el Tribunal Constitucional. En 2019, por ejemplo, el exparlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén propuso a Morales como candidato al TC; y en mayo del 2020, el fujimorista Carlos Mesía solicitó incluirlo en el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso.
En el presente proceso de elección, cabe recordar, Morales Saravia también obtuvo el respaldo de la bancada de Avanza País a través de la congresista Adriana Tudela, quien en la etapa de entrevistas lo calificó con 40, el puntaje más alto.
El segundo finalista con mayor puntaje es Gustavo Gutiérrez Ticse, un abogado constitucionalista que en los últimos cinco años se ha pronunciado y ha actuado a favor del indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y de lesa humanidad.
En julio de 2017, cinco meses antes de que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski indulte ilegalmente a Fujimori, el abogado Gutiérrez Ticse opinó en sus redes sociales: “Desde el punto de vista constitucional, el indulto a Fujimori es posible. No requiere estar enfermo, basta la decisión política (…) si el indulto se concede por razones políticas, con la finalidad de superar la tensión que venimos pasando por años, dicha gracia debe darse en el marco de un conjunto de acuerdos entre las fuerzas políticas más importantes”.
Su postura, además, pasó a la acción. En enero de 2018, Gutiérrez Ticse envió un recurso de amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en donde enumeró argumentos a favor del indulto de Alberto Fujimori.
Frente a la posibilidad de que la Corte IDH se pronuncie u ordene la nulidad del indulto, Gustavo Gutiérrez argumentó en sus conclusiones: “Ningún tratado internacional en materia de Derechos Humanos de los cuales el Perú es parte, establece de modo expreso una prohibición a los Estados para el otorgamiento de gracias presidenciales de carácter humanitario. Tampoco la Corte IDH la ha prohibido a través de su jurisprudencia”.
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