Pequeños y medianos productores del Alto Piura participaron en el Foro Interdistrital del Sistema de Garantías Participativas (SGP), desarrollado en la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), filial Morropón-Chulucanas, para analizar los procedimientos de certificación agroecológica y las oportunidades de comercialización de sus productos.
Durante el encuentro, organizado por la UCSS en coordinación con el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), se abordaron los requisitos técnicos y normativos para certificar la producción orgánica, así como la participación de agricultores, consumidores y entidades públicas y privadas en la implementación del sistema.
Wilmer Bermejo, coordinador del programa de Agricultura Familiar Sostenible del CIPCA, destacó la importancia de la certificación para diferenciar los productos cultivados mediante prácticas agroecológicas y facilitar su ingreso a nuevos mercados.
«El agricultor del Alto Piura tiene muchas potencialidades, es un territorio próspero, sabemos que es la despensa de muchos mercados aquí en la región y es muy importante el garantizar que estos productos que ellos venden son productos sanos y de calidad. Para poder llegar a eso tenemos que certificarlo bajo el sistema de garantías participativas», señaló.
Bermejo explicó que actualmente el CIPCA acompaña a diez organizaciones agrícolas que agrupan aproximadamente a 400 productores dedicados al cultivo de café, limón y diversos frutales. Según indicó, la certificación permitiría diferenciar su producción de aquella comercializada sin acreditación agroecológica.
PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA
Por su parte, el ingeniero Ovidio Ruiz Pinto, representante de la Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRAP), explicó que el Sistema de Garantías Participativas se basa en la intervención conjunta de productores, consumidores y otros actores de la comunidad para verificar las condiciones de producción.
«La garantía participativa va a ser un costo bastante bajo con trabajo comunitario», manifestó, al comparar este mecanismo con las certificaciones orgánicas orientadas a la exportación, que requieren auditorías privadas.
En tanto, la representante del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Lilian Taimaná, expuso los aspectos técnicos y normativos del sistema. Precisó que su implementación requiere la participación de diferentes actores y que la autoridad sanitaria cumple funciones de fiscalización y autorización.
«Todos vamos a tener que participar, no solamente el pequeño productor, todos van a estar involucrados, todos los entes públicos y privados», sostuvo.
Durante el evento, también se abordaron los principios de transparencia, confianza y aprendizaje continuo, además del uso del aplicativo GEO SENASA para georreferenciar las parcelas y mantener actualizado el registro de los predios y productores certificados.
ACCESO A MERCADOS Y COMPRAS PÚBLICAS
El ingeniero Luis Crisanto, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), abordó las oportunidades comerciales vinculadas con la certificación agroecológica y la importancia de incorporar la salud y la nutrición en las iniciativas de desarrollo agrícola.
Asimismo, explicó las oportunidades que contempla la Ley N.º 31071 para la agricultura familiar, que establece que los programas sociales y de asistencia alimentaria del Estado deben adquirir, como mínimo, el 30 % de sus requerimientos anuales directamente de estos productores, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
Para aprovechar estos espacios comerciales, señaló que los agricultores deben cumplir los requisitos correspondientes, fortalecer sus organizaciones y contar con los registros y certificaciones exigidos.
Asimismo, el coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la UCSS, Pedro Palacios, indicó que la universidad participa mediante la investigación, la transferencia tecnológica y la recuperación de conocimientos tradicionales vinculados con la agricultura familiar.
Cabe señalar, que el Foro Interdistrital reunió a agricultores de cooperativas y asociaciones de distritos como Canchaque, San Miguel de El Faique, San Juan de Bigote, Serrán, Buenos Aires y La Matanza.
Entre las tareas pendientes para la implementación formal del Consejo Regional del Sistema de Garantías Participativas en Piura figuran la culminación de los manuales de organización y procedimientos, así como los trámites correspondientes ante el SENASA.
Finalmente, los participantes también destacaron la necesidad de fortalecer la articulación entre las instituciones públicas, las organizaciones agrícolas y la academia para mejorar la comercialización de la producción agroecológica del Alto Piura.
