El pasado jueves 7 de marzo, el Congreso de la República tomó la decisión de inhabilitar por 10 años a dos miembros clave de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. Esta entidad es responsable de designar jueces y fiscales en el país.
La determinación, respaldada por 67 votos a favor, fue motivo de intensos debates en el hemiciclo. En el caso de Inés Tello, la decisión se fundamentó en el hecho de que superaba la edad límite de 75 años para ocupar dicho cargo, establecida por ley.
Sin embargo, la situación de Aldo Vásquez fue más compleja. Inicialmente, los legisladores rechazaron su inhabilitación, pero tras una reconsideración, se determinó que no podría ejercer ningún cargo público hasta el año 2034.
Estas medidas generaron fuertes reacciones por parte de diversos actores políticos. La expremier Mirtha Vásquez denunció lo que calificó como un «golpe parlamentario», argumentando que los votos fueron negociados para lograr la destitución de ambos miembros de la JNJ.
Por su parte, la excongresista Indira Huilca cuestionó la validez de las votaciones virtuales y señaló posibles irregularidades en el proceso. «¿No hay congresistas honestos que exijan que se elimine esa ociosidad de no ir al pleno en votaciones importantes?», expresó.
En medio de la controversia, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, hizo hincapié en la necesidad de respetar la Constitución. Aclaró que, la normativa, en los casos de destitución de altas autoridades del Estado peruano, los votos de la Comisión Permanente no deben ser considerados.
«Tal como lo establece la Constitución, el Congreso, sin la Comisión Permanente, debe votar en estos casos. No se diferencia entre miembros o votantes. El voto de Luna vicia la votación», enfatizó Tuesta Soldevilla.
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