Con el análisis de los planes de gobierno, los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP recomendaron que, en el marco de la participación ciudadana democrática, los ciudadanos cumplan su deber y derecho de conocer y analizar integralmente las acciones de los dos candidatos, antes de los comicios del 4 de diciembre.
Además, solicitaron que, terminado el proceso, al iniciarse el nuevo gobierno regional, se realice un control social constante de las decisiones que se adopten para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana, salud y educación de la comunidad.
Al respecto señalaron que es de vital importancia exigir la constante rendición de cuentas (que se debe realizar dos veces al año) y, como lo propone la Defensoría del Pueblo, velar para que se haga una al final del mandato gubernamental.
Ejes evaluados en los planes de gobierno
Los estudiantes del curso Sociedad y Política, que dicta el profesor Cesar Orrego Azula, evaluaron lo siguiente: si los planes propuestos contaban con un diagnóstico de la realidad piurana, si existía información de los problemas a resolver en fuentes abiertas que hayan sido incorporadas en el diagnóstico y si las acciones propuestas se adecuan a la realidad que debe ser atendida en cuanto a los derechos de la ciudadanía.
Propuestas poco claras
Entre las conclusiones del análisis se menciona que en seguridad ciudadana las propuestas no son claras ni integrales y carecen de un adecuado y completo diagnóstico de la situación actual de esta problemática. Asimismo, no hay metas medibles que puedan ser evaluadas por la ciudadanía a lo largo del mandato (y al final de este) del gobernador que resulte electo.
En referencia a la educación de más de 500 000 estudiantes en Piura, las propuestas de los dos candidatos parten de una problemática muy general e indican como principales factores la carencia de infraestructura, el bajo rendimiento escolar y la escasa capacitación docente; sin embargo, debido a que el diagnóstico es muy general, las propuestas también lo son por lo que no ayudarían a resolver los grandes problemas educativos de la región.
Respecto al derecho a la salud, los planes de gobierno no se traducen en un esfuerzo serio por analizar la compleja situación de la salud pública regional; en consecuencia, las propuestas no darían la certeza de estar en el camino correcto para atender adecuadamente este derecho esencial.
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