El especialista en derecho administrativo de la Universidad de Piura (Udep) Guillermo Chang Chuyes aclaró que las normas municipales son claras en señalar que un alcalde no está facultado para destinar el dinero público en actividades o funciones que no están contempladas en el presupuesto, pues estaría incurriendo en el delito de peculado.
Esto luego de que el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, anunciara que firmará un convenio para solventar los gastos de la defensa legal de los policías con juicios.
“El alcalde no es quien para decidir en qué se gasta el dinero público, para ello hay que cumplir ciertos procedimientos, como considerar la ley de presupuesto, aprobar ordenanzas. En ambos casos necesita la aprobación del Consejo”, explicó.
El especialista recalcó que la función administrativa del acalde se rige principalmente por los documentos en los que se amparan sus declaraciones y decisiones de gobierno. “Escucho muchas noticias y declaraciones, pero de esas muy pocas tienen vínculo documental con la municipalidad”, agregó.
Chang Chuyes le recordó a Juan José Díaz que su función en el plazo inmediato es planificar que hará en la ciudad durante los próximos cuatro años. “Tenemos problemas gordos, el terminal terrestre, el mercado es una bomba de tiempo, además de la informalidad en el transporte público”, recalcó.
Recordó que el alcalde es el amo de llaves de la ciudad, por lo tanto debe estar atento a todos los problemas que preocupen a la población, como la seguridad, el ornato, la limpieza pública, la recreación y la cultura.
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Por su parte, la especialista en Derecho Penal Sadith Aponte Coronado criticó a los asesores del alcalde Juan José Díaz Dios, pues lo estarían induciendo a desviar dinero a otros gastos no compatibles con la labor municipal.
“No es incumbencia de la municipalidad asumir un gasto presupuestal de otra institución estatal… las declaraciones del alcalde señalan que su intención lo llevaría a cometer un delito”, expresó.
Reconoció que actualmente los efectivos policiales que enfrentan un proceso legal dentro o fuera del marco de la ley no tienen asesoramiento legal gratuito de parte del Ministerio del Interior, lo cual debe ser corregido.
Sin embargo, esto no es suficiente argumento para que la Municipalidad de Piura asuma estos gastos. “Creo que es una exageración, fuera de todo asesoramiento. Nos está diciendo que los piuranos asumiremos los gastos de la defensa de todos los efectivos con problemas legales”, indicó.
