José José Alberca Seminario tiene 29 años, pero su testimonio de vida se asemeja al de una persona de unos 40 años, la edad de la madurez y la experiencia. Rodeado de llaves, repuestos, aceites y llantas, ‘Cochecho’, como le llaman de cariño, muestra orgulloso el taller de mecánica que hace ocho años fundó. Mientras recorre el local recuerda que el camino no ha sido fácil debido a las condiciones de pobreza que rodeaban a su familia cuando terminó la escuela en 2008. Sin embargo, jamás dejó que esto sea una limitante para perseguir su sueño de aprender un oficio o profesión que le permita salir adelante.
“Venimos de una familia muy humilde, yo andaba por ahí trabajando, buscándome la vida (…) mi hermana que estudiaba cosmetología en CANAT, me llevó un día con el profesor Wilfredo Martínez del Cetpro Cipca Loyola. Él me hizo una entrevista y a través de ello pude entrar a estudiar allí”, cuenta José recordando con emoción y gratitud lo que ello significó.
La oportunidad de estudiar mecánica automotriz en el Centro de Educación Técnica Productiva– CETPRO Cipca Loyola, le permitió a José no solo romper la cadena de pobreza que había en su familia; sino también, convertir su emprendimiento en una fuente generadora de empleo para otros tres jóvenes de escasos recursos que, al igual que él, han recibido formación en este centro de estudios.
Cada año el Cetpro Cipca Loyola tiene a cargo la formación de unos 450 jóvenes de escasos recursos de la costa y sierra de la región Piura; es decir, más de 20 mil varones y mujeres han recibido enseñanza técnica a lo largo de los 40 años de funcionamiento de esta institución fundada por la Compañía de Jesús en 1970.
En 1978, el Cetpro pasó a ser administrado por el Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA). Desde entonces, se firmó un convenio trianual con la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP) que permitió asignar 07 plazas de docentes y 01 plaza directiva dispuestas por el Ministerio de Educación para la enseñanza de las carreras de Agricultura Orgánica, Administración y Comercio, Mecánica Automotriz y Administración de Servicios Turísticos.
Por casi cuatro décadas el proceso se desarrolló sin ningún inconveniente. Sin embargo, en setiembre de 2020 venció el último convenio y pese a que el Cipca solicitó la renovación del acuerdo, a través de la carta N° 162-2020, siete meses después la gestión del director de Educación, Elvis Bonifaz López, decidió todo lo contrario, alegando necesitar las plazas para reubicarlas en algunos colegios que demandan mayor personal docente. Este argumento se ha visto desvirtuado con la asignación de personas que no cumplen con los requisitos básicos para la contratación o que nunca llegaron a laborar en los colegios, tal como se desarrolla en este informe.
“(Las plazas) servirán para atender la necesidad de las instituciones educativas que tienen demanda de alumnado, al haberse incrementado las metas de atención en la IIEE Públicas por efectos de la pandemia”, se lee en la Resolución directoral regional N° 006212, del 30 de abril de 2021, a través de la cual la Drep dejó al Cetpro sin las ocho plazas, no importándole que esto interrumpía la educación de centenares de jóvenes.
Esta situación motivó que el Ministerio de Educación, ente rector del sector en el país, emitiera el Oficio N° 01332-2021, en el que señala que la reubicación de plazas no procede porque vulnera el marco normativo vigente al estar asignadas a la enseñanza de los jóvenes del Cetpro Cipca Loyola.
Para el especialista en educación técnica productiva y exfuncionario del Ministerio de Educación, Reynaldo Chávez Cruz, por más autonomía que tengan los Gobierno regionales y sus direcciones de educación, no pueden contravenir la normativa educativa nacional que emite el ente rector- Ministerio de Educación. “Se ha resuelto un convenio sin argumentos sostenibles y se ha revertido y reubicado plazas en pleno año académico, lo cual está prohibido. La racionalización y reubicación de plazas se hace antes de marzo, antes del inicio del año escolar, para evitar cortar las clases de los estudiantes”, remarcó.
En ese sentido explicó que no solo se ha perjudicado la enseñanza técnica de centenares de jóvenes, sino también el derecho al trabajo de los siete docentes del Cetpro que ganaron la plaza por concurso y tenían contrato hasta el 31 de diciembre de 2021, pero ni siquiera fueron reubicados a otras instituciones, sino destituidos.
Enfermeras por docentes
La gestión del director de educación de Piura, Elvis Bonifaz López, y de la directora de la Ugel Piura, Yesenia Briceño Lippe, no sólo incumplió el oficio emitido por el Ministerio de Educación que declara improcedente la reubicación de plazas del Cetpro Cipca Loyola, sino que la mayoría de las plazas fueron asignadas a personal que no es docente, y peor aún, nunca llegaron a dictar clases a las escuelas para las que fueron contratados.
Dos de estas plazas fueron asignadas a las licenciadas en enfermería, Fabiola del Milagro Frías Vega y María Magaly Ventura Cunia, quienes pese a no ser docentes, mucho menos tener título pedagógico, tal como lo exige la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, fueron contratadas para dictar clases a escolares de inicial y primaria de las instituciones educativas Inicial N° 1542 “Señor de los Milagros” y “Manuel Octaviano Hidalgo Carnero”, respectivamente. Según las Resoluciones Directorales N° 07223 y 07224 emitidas el 07 de junio de 2021, ambas profesionales de la salud fueron contratadas para enseñar por el periodo 12 de mayo al 31 de diciembre de 2021.
Al buscar información sobre el trabajo de las enfermeras en las escuelas asignadas, detectamos que ninguna de las dos ha dictado clases a favor de los escolares. La directora del colegio Manuel Octaviano Hidalgo Carnero, María Antón Barreto, señaló que no tiene conocimiento de la plaza asignada a la enfermera Magaly Ventura Cunia. “No la conocemos y no está en mi plana docente. No tengo conocimiento y en todo caso nunca hemos visto la resolución donde lo indica”, añadió.
Cutivalú recogió los descargos de las enfermeras Magaly Ventura Cunia y Fabiola Frías Vega. Ambas reconocieron que no dictan clases en las escuelas asignadas por resolución de la DREP y revelaron que enseñan en la carrera de Enfermería del Instituto Superior Tecnológico Público de Morropón, centro de enseñanza que no pertenece a la jurisdicción de la Ugel Piura, de donde proceden las plazas. Las profesionales de la salud resaltan que obtuvieron la plaza tras presentarse a una convocatoria de contratación de docentes hecha por el instituto.
Según Magaly Ventura Cunia, sí advirtió al director del instituto sobre el “error” en su resolución directoral que la asignaba a un colegio del distrito de Castilla. “Cuando me entregaron el contrato yo pregunté por qué salía con ese colegio y me dijeron que ya era una coordinación interna que se había hecho con el Ministerio de Educación porque le estaban apoyando con una plaza (…) Eso fue lo único que me dijeron porque más no indagué”, detalló.
Similar situación narró la enfermera Fabiola Frías Vega, quien sostuvo que también comunicó el “error” en la resolución al director del instituto para que hagan la rectificación. “Él me dijo que la actualización del documento demoraría porque en tiempos de pandemia el trámite se hace virtual y demanda más tiempo. Luego ya no supe más”, puntualizó.
El director del Instituto Superior Tecnológico Público de Morropón, Elio Chiroque La Rosa, confirmó que las enfermeras dictan clases en el local que él dirige, pese a que en las resoluciones de sus respectivas asignaciones figuran como plaza de destino dos escuelas pertenecientes a la Ugel Piura. Argumenta que él solicitó a la DREP el apoyo para cubrir la necesidad de docentes para dictar clases a los cerca de 190 estudiantes del instituto y le enviaron estas dos plazas.
En todo momento, Chiroque minimizó las aparentes irregularidades. “Eso más bien podría preguntarlo en la Drep porque nosotros no manejamos resoluciones, no manejamos nada de eso. Cuando iniciamos el programa necesitábamos docentes y nos dijeron que ellas nos iban a apoyar (…) Fue una coordinación interna con la Drep, yo honestamente no examino bien las resoluciones, no he verificado si hay alguna resolución del préstamo de las plazas”, indicó.
Al respecto, el especialista Reynaldo Chávez cuestionó el actuar de la Ugel Piura y la DREP en estas contrataciones. Primero, porque se ha contratado como profesoras a profesionales ajenas a la docencia. Recordó que, en el cuadro de asignación de personal docente para educación básica regular, a nivel nacional, no hay requerimiento de licenciados de enfermería, ingenieros, contadores, etc; sino de docentes con formación pedagógica. Segundo, para toda contratación se debe respetar el Cuadro de mérito, a través del cual los docentes que se presentaron y no lograron una vacante en el Concurso de nombramiento que se realiza cada dos años, quedan como accesitarios para la contratación en cualquier colegio que así lo requiera. “Estos docentes tienen prioridad para ser contratados”, resaltó Chávez.
Consultada sobre el tema, la exdirectora de la Ugel Piura, Carmen Sánchez Tejada, considera que lo más grave de esta situación es que el profesional contratado no está laborando en su lugar de reubicación, sino en un instituto fuera de la jurisdicción de la Ugel Piura, por lo que se estaría malversando los fondos del Estado. “Según la Ley de Reforma Magisterial los destaques de una Ugel a otra se pueden dar si es que la escuela de destino presenta la solicitud de destaque a su Ugel para que emita la conformidad. Para ello, la Ugel de destino traslada la solicitud de destaque a la Ugel de origen para que emita su conformidad y solicite al director de la institución educativa de origen la autorización correspondiente, procedimiento que no se ha cumplido en este caso con acuerdos bajo la mesa”, opinó.
Los especialistas coinciden en señalar que se está afectando los recursos destinados a las escuelas que han hecho su demanda de más docentes y solo se les está atendiendo en el papel. “La Contraloría debe investigar responsabilidades y los directores de las escuelas tienen que deslindar del hecho y/o notificar lo que está pasando con la plaza asignada, sino pueden ser pasibles de sanciones”, recomendó Reynaldo Chávez.
Otra de las plazas fue asignada a Angélica Marleny Cruz Flores, docente contratada para dictar clases en la I.E. CAP FAP “José Abelardo Quiñones”, del 19 de mayo al 31 de diciembre, según señala la Resolución Directoral N° 007217. Al consultar al director del plantel, Hernán Chunga Fiestas, sobre esta plaza, remarcó que no tiene conocimiento de la docente asignada a esta institución. “No tenemos a esa profesora en nuestra plana docente, no figura entre nuestro personal”, aseguró en declaraciones a Cutivalú.
La docente en cuestión rechazó lo expresado por el director y aseguró que sí dicta clases de Comunicación para los estudiantes de 4° y 5° de secundaria. Remarcó que la Ugel Piura le adjudicó la plaza de acuerdo a los resultados de su examen que figuran en el cuadro de méritos. “No sé qué puede haber pasado (con las declaraciones del director), no es la primera vez que yo trabajo en esa institución, ya lo hice en el 2019, también. Incluso hace un día tuvimos reunión con el colegiado de la institución”, puntualizó.
Ingenieros por docentes
El común denominador de las plazas que les fueron quitadas al Cetpro Cipca Loyola es que fueron reubicadas en escuelas, pese a tratarse plazas de educación técnica. Los profesionales contratados por la Ugel Piura y la Drep no cuentan con el título pedagógico que garantice la educación de los escolares. Es el caso de Carlos Enrique Torres Herrera, ingeniero de petróleo, quien pese a no contar con título pedagógico fue contratado para dictar clases en el nivel secundaria de la IE José Jacobo Cruz Villegas de Catacaos, según consta en la Resolución Directoral N° 07216 de fecha 07 de junio de 2021.
Al consultar a la directora del colegio, Flor de María Rojas Neira, confirmó que el docente en mención sí trabaja en la institución y dicta el curso de Matemática y Educación para el Trabajo. Sin embargo, no tiene un buen desempeño laboral perjudicando la enseñanza de los estudiantes. “Nosotros en los colegios, como directivos, recibimos al personal que nos designa la Ugel, pero no tenemos acceso a la evaluación que ellos le hacen (…) En el transcurso de su desempeño hemos visto muchas falencias, se le ha hecho el asesoramiento y hemos dialogado con él para que mejore, pero no nos imaginábamos que era ingeniero”, expresó la directora.
Cabe resaltar que, según el Decreto Supremo N° 015-2020, los postulantes para el proceso de contratación docente deben tener estudios comprobados en educación. “Se considera la fecha de registro del título de profesor o licenciado en educación o de segunda especialidad en educación, puede considerarse hasta la fecha de presentación del expediente”, se lee en el documento.
Así como Torres Herrera hay otras personas que sin ser docentes ni tener título pedagógico han sido contratados para educar. Es el caso de Fresia Nohemí Romero Palacios, ingeniera agroindustrial e industrial alimentaria, que según la Resolución Directoral N° 07815 con fecha 14 de julio de 2021 fue contratada para dictar clases en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Veintiséis de Octubre, desde el 24 de junio al 31 de diciembre de este año.
Cutivalú consultó al director del colegio, Geraldo Rufino Lalupú, quien confirmó que la ingeniera trabaja en la institución y tiene a cargo el curso de Comunicación de los estudiantes de 1° y 2° de secundaria. Asimismo, minimizó que Romero Palacios no cuente con el título pedagógico para ejercer la docencia, pese a que hay una larga lista de docentes de profesión que cumpliendo los requisitos y estando en el cuadro de méritos, aún esperan por un puesto de trabajo.
Para la ingeniera no hay problema en ser docente sin tener los estudios respectivos. Alega que la Ugel Piura no le hizo ninguna observación, por el contrario, asegura que solo dejó su currículum en la Ugel y luego la llamaron para informarle que estaba contratada. “Entregué mis papeles en recepción, me preguntaron por mi profesión, yo di mi título y luego me llamaron. Por eso ahora estoy enseñando en modalidad virtual y hasta el momento cumplo con todo, hasta me han felicitado por mi trabajo”, señaló Romero Palacios.
El decano del Colegio de Profesores de Piura, William Bayona Martínez, aclara que no es correcto que la asignación de plazas se haga dejando el currículum en la Ugel, pues se debe cumplir tres etapas: en la primera, solo ingresan los docentes que participaron en el Concurso de nombramiento. Según los resultados obtenidos se conforma el cuadro de mérito, el cual es tomado en cuenta para la primera asignación de plazas. El docente es libre de decidir en qué Ugel quiere presentarse para integrar el cuadro de mérito.
En la segunda etapa, ingresan aquellos docentes que no dieron el examen por diferentes motivos. Al agotarse esta lista de docentes, tanto del cuadro de mérito como de la lista extemporánea, se da pase a la tercera etapa, en donde ingresa cualquier profesional de cualquier lugar del país.
Bayona Martínez remarcó que en esta tercera etapa es donde se presentan los presuntos actos de corrupción pues permiten el registro de profesionales ajenos a la docencia. El decano de profesores considera ilógico que se contrate a profesionales ajenos a la docencia y sin el título pedagógico cuando hay un gran número de docentes que reuniendo los requisitos se encuentran desempleados. Sostuvo que en tiempos de pandemia, se requiere con mayor énfasis, a profesionales calificados para atender las demandas de los estudiantes dentro de la modalidad virtual.
“Si una persona que no es pedagogo y no cuenta con la parte pedagógica o metodológica (de la docencia) cómo va a entender a los estudiantes (…) Si había problemas durante la presencialidad, peor ahora que estamos en pandemia, si no cuentan con las condiciones para atender a los estudiantes como va a interactuar con ellos. Esto debe ser un hecho que llame la atención de las autoridades”, enfatizó en entrevista con Cutivalú.
Plaza directiva desierta
Actualmente el Cetpro Loyola funciona con cuatro plazas que el Cipca ha buscado mantener con recursos propios para que el perjuicio a los estudiantes de escasos recursos y que estaban a punto de terminar una carrera, no sea mayor al ya causado por la DRE Piura. Por ello, resulta difícil de entender que la plaza directiva que les quitaron, aparentemente no sea usada debido a un entrampamiento legal originado por la Ugel y la Drep porque la plaza de director pretendieron asignarla para la subdirección de la I.E. Almirante Miguel Grau, en Piura.
El 27 de mayo de 2021 se emitió la Resolución Directoral N° 006769 que reubica a la docente de Malacasí (Morropón), Kelinda María La Madrid Purizaca, en la plaza de subdirectora de la I.E. Almirante Miguel Grau para el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Esta designación se hizo a pesar de que el Ministerio de Educación ya había advertido que la plaza original de director no podía ser transformada a subdirector, por lo que diez días después la Drep tuvo que dar marcha atrás y dar por concluida esta designación.
El director de este colegio, Eduardo Crespo Murgía, remarcó que desde inicio de año hicieron requerimiento de dos plazas de subdirectores, tanto para primaria como para secundaria, dado que actualmente atienden a más de 1600 escolares. Aunque inicialmente asignaron a la profesora Kelinda La Madrid, luego le informaron que esta plaza sería prestada a la Ugel Piura. “Tenemos tres niveles de enseñanza, pero no hay subdirectores. Ya se estaba considerando esa plaza, pero se quedó en que se iba a prestar a la Ugel y que el otro año, para la etapa presencial, la regresaban. Pero, había problemas porque la plaza es de dirección y no se podía pasar a subdirección, eso es lo último que me dijeron”, señaló el director.
La plaza asignada a Raquel Liliana Arellano Campos, licenciada en educación con especialidad en biología y química, es la única que cumple con todos los requisitos que exige la norma. Ella ha sido reubicada en el colegio Manuel Scorza del asentamiento La Primavera, en Castilla, donde brinda clases desde el 21 de mayo al 31 de diciembre de 2021, según consta en la Resolución Directoral N° 007393 de fecha de 16 de junio de 2021.
“Sí se puede”
Sobre las presuntas irregularidades en la contratación de docentes, Cutivalú buscó los descargos de las autoridades del sector educativo en la región. Tanto el director regional de Educación de Piura, Elvis Bonifaz López, como la directora de la Ugel Piura, Yessenia Briceño Lippe, fueron muy breves al momento de responder a las interrogantes.
Consultado sobre la contratación de enfermeras e ingenieros como docentes de inicial y primaria, el director Elvis Bonifaz dijo que esto sí está permitido. “Yo no contrato directamente a los docentes. Viene un informe de las Ugeles y viendo si reúnen los requisitos, se decide. Yo tengo entendido que es lícito esto, no es un delito, si no denúncienme, pues (…) este caso sí es lícito, es (disposición) del mismo Ministerio de Educación”, sostuvo el director regional de Educación.
De respuesta contraria fue la directora de la Ugel Piura, quien aseguró que “es imposible” que ingenieros y enfermeras estén ocupando las plazas docentes de su jurisdicción. Pese a la insistencia para mostrarle las resoluciones de las plazas en cuestión, no obtuvimos respuesta.
Seria afectación
Las plazas revertidas y reubicadas a profesionales ajenos a la docencia o que no cumplen con su labor, generan preocupación no solo por los escolares que deberían estar beneficiándose con docentes preparados, sino también por los cerca de 400 estudiantes del CETPRO Cipca Loyola que se han visto perjudicados durante este 2021, tal como lo señala la directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Rosa Prieto Mendoza.
“La denegación del convenio de parte de la DREP significa una afectación a esa población que necesita una institución como el CETPRO donde pueda estudiar, además de estar cerca a sus demandas formativas. Este año estamos hablando de una afectación a cerca de 400 jóvenes del Bajo y Alto Piura, quienes recurren al Cetpro Cipca Loyola con la esperanza de una formación técnica que les ayude a desempeñarse en la vida y que además es gratuita”, enfatizó la directora.
Sobre ello da fe Gillary Mendoza Mogollón, una de los siete docentes que enseña en el Cetpro Cipca Loyola y que lamenta cómo es que de la noche a la mañana la DREP les cerró la posibilidad de estudios a 410 jóvenes de escasos recursos, entre ellos los 40 estudiantes que ella tenía a cargo en el curso de Agricultura orgánica. Mendoza resalta que los docentes también han sido víctimas de la decisión de la DREP porque se les destituyó del cargo, pese a que la plaza que ocupaban en el Cetpro la obtuvieron a través de concurso y por un periodo de contratación que vencía el 31 de diciembre de 2021, y no el 11 de mayo como decidió arbitrariamente la gestión del director de educación, Bonifaz López, a través de la Resolución Directoral Regional N° 006400- 2021 sobre el cual nunca fue notificada.
“Solo fue notificado uno de los docentes y allí nos enteramos el resto de que habíamos sido destituidos. Lo peor, es que la Drep nos pide una devolución de 1,680 soles por supuesto pago en exceso. Ahora aparecemos como deudores del Estado y eso nos perjudica para conseguir siquiera otro trabajo”, expresó consternada.
La docente del Cetpro agregó que no tiene dinero para iniciar un proceso judicial individual por lo que ella considera un atropello a su derecho de trabajo, por ello espera que se resuelva la situación, por el bien de la comunidad educativa del Cetpro, y sobre todo para que “no se vuelva a repetir”.
Los pedidos hechos por la directora del Cetpro y la docente, hallan respaldo en voces como la de la presidenta del Consejo Participativo Regional de Educación Piura (COPARE), Milagros Mendoza Urbina, quien opinó que estas irregularidades presentadas en la reasignación de las plazas docentes retiradas al CETPRO Cipca Loyola, demanda el inicio de un proceso administrativo e incluso la intervención de la Contraloría General de la República para iniciar la investigación correspondiente a fin de esclarecer los hechos.
Por su parte, el especialista en educación técnica, Reynaldo Chávez, considera que la DREP ha emitido oficios contraviniendo la normativa establecida por el ente rector por lo que corresponde a la Procuraduría Pública tomar las medidas correspondientes. “El Minedu debe reiterar a la Drep la falta en la que está incurriendo, y de no retractarse, debe trasladar el caso a la Procuraduría (…) todo esto debe hacerlo en salvaguarda de los derechos de los estudiantes y docentes del Cetpro, y antes de que termine el año”, explicó el experto.
Exalumnos como José José ‘Cochecho’ piden a las autoridades todo el apoyo posible a instituciones como el Cetpro Cipca Loyola que le dieron la oportunidad de tener un oficio y sacar adelante su familia. “Como joven emprendedor egresado del Cetpro Cipca Loyola, pido a las autoridades que apoyen a más centros como estos, que apoyan a jóvenes emprendedores. Yo vengo de una familia muy humilde, gracias a ello es que ahora estoy saliendo adelante y aportando al desarrollo del país”.
En salvaguarda del derecho a la educación de los jóvenes, el Cipca ha demandado penalmente al Gobierno Regional de Piura y a la Dirección Regional de Educación de Piura. “Ha sido difícil tomar la decisión de entablar un proceso penal contra el Gobierno Regional, y lo hemos hecho porque vimos agotadas todas las vías, hemos enviado documentos a la DREP para que lo reconsidere. Recurrimos a la Defensoría y el Ministerio de Educación, pero pese a ello deniegan toda apelación. Por eso hemos iniciado el juicio, y esperamos salir victoriosos sobre todo porque durante muchos años hemos hecho bien nuestro trabajo en el Cetpro”, enfatizó la directora del Cipca confiada en que la justicia y el tiempo, terminarán dándole la razón.
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