La defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado una denuncia penal contra el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado. La denuncia alega irregularidades que requieren investigación tanto penal, como administrativa.
El abogado Christian Salas, representante de Benavides, sostiene que la denuncia no interferirá con la investigación que realiza la fiscal suprema Delia Espinoza, la cual acusa a Benavides de varios delitos, incluyendo organización criminal, cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real.
La defensa cuestiona el papel de un agente especial, supuestamente legislador, que inició la investigación del Eficcop y reveló una presunta red de tráfico de influencias en la cúpula fiscal. Se argumenta que no hay evidencia de que Benavides estuviera detrás de estas acciones y se señala la falta de comunicación directa entre Barreto y Benavides en relación con las acusaciones.
“El Eficcop no está investigando a la doctora Patricia Benavides, así que por ahí cualquier acto que se presuma pueda ser obstruccionista se descarta. Nosotros estamos llevando ante las autoridades penales y administrativas gravísimas irregularidades que se han cometido en agravio de mi patrocinada”, precisó Salas.
Investigar
Christian Salas destaca la necesidad de investigar las presuntas irregularidades en el proceso, sugiriendo que la falta debería haber sido asignada al fiscal supremo penal más antiguo en lugar de detener a Jaime Villanueva y suspender a Benavides.
Este desarrollo surge un día después de que la jefa del Eficcop revelara que, antes de la crisis en el Ministerio Público, Benavides le planteó un eventual ascenso, aunque Barreto rechazó la propuesta. La defensa interpreta esto como un intento de deshacerse de Benavides, mientras que la situación legal de la fiscal sigue siendo objeto de atención y controversia.
“Es más, me propuso ir de fiscal suprema adjunta a su despacho. [No acepté] porque en ese momento ya había sospechas […] Sentí que no era porque tenía que ir a trabajar o cumplir funciones, sino que querían deshacerse de mí”, señaló el abogado.
