El especialista en temas electorales, Juan Carlos Álamo Castro, indicó que, si bien es cierto los aportes económicos a una organización política son válidos, estos deben hacerse bajo un debido procedimiento para ser totalmente legales.
Tras el escándalo de los supuestos cupos a los trabajadores de la Diresa Piura, el abogado mencionó que el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Ley de Partidos Políticos, indica cuál es el procedimiento para la recepción, administración y gastos de los fondos partidarios, el cual recaería sobre la secretaría de Economía y Finanzas de la organización o partido político como la única autorizada y competente para el manejo de los aportes. Agregó que ni siquiera los candidatos deben manejar estos recursos económicos.
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Asimismo, Álamo dijo que cuando los aportes sean mayores al 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), estos deberán ser debidamente bancarizados y, en caso sean menores, deberán ser cotejados con un recibo propio del partido o la organización política. De no ser declarados, son considerados como de “fuente prohibida”.
En el caso de que un partido u organización política incurra en delito de financiamiento prohibido o ilegal, estos podrían recibir sanciones económicas de hasta 50 UIT y, en el caso de los integrantes que estén inmersos en el propio delito, ser privados de la libertad con una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años.
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Por último, el especialista aseguró que está totalmente prohibido hacer las aportaciones mediante aplicativos u otros, tales como los conocidos Yape o Plin, tal como se habría estado realizando dentro de la Dirección Regional de Salud (Diresa), donde audios revelan presuntos cobros de cupos a trabajadores de esta entidad, en favor de la organización política Fuerza Regional.
Como se recuerda, en este escándalo se encuentra implicado el candidato a primer regidor de la Municipalidad de Piura y actual subdirector de Salud, José Chinchayán Varas, quien ha negado presunta coacción con los trabajadores y asegura que todos los aportes al partido Fuerza Regional son “voluntarios”.
Por este caso, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios inició una investigación de oficio que aún sigue en proceso e inclusive realizó un reciente allanamiento a las oficinas de la Diresa.
