La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a la justicia peruana que se pronuncie sobre los «serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de requisitos jurídicos» en el indulto que concedió el 24 de diciembre el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori.
Este cumplía 11 de una condena de 25 años de prisión por ser el autor mediato de delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato y lesiones. Carlos Rivera, uno de los tres abogados de las víctimas, señaló que, segíun la resolución de la Corte, el lunes iniciarán acciones ante un juzgado constitucional de Lima.
El tribunal interamericano difundió una resolución de supervisión de cumplimiento de las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta. En el fallo, la Corte plantea que se tenga en cuenta la afectación del derecho a la justicia de las víctimas del exdictador y sus familiares, así como que se verifique si se ha otorgado debidamente.
La resolución de la @CorteIDH recoge los estándares internacionales sobre los cuales el estado peruano debe investigar la legalidad del #indulto otorgado a #AlbertoFujimori pic.twitter.com/Pssb2srlUw
— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) June 15, 2018
La resolución de la Corte publicada este viernes recoge la versión de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, quienes indicaron que no se cumplieron los requisitos para el otorgamiento del indulto, es decir, “la presencia de enfermedades no terminales graves, en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable” y condiciones carcelarias que agravaran la salud del interno. También menciona al menos 12 graves irregularidades en el texto del indulto.
Horas después de que se hiciese pública la exigencia, el Ministerio de Justicia anunció que el Estado peruano «realizará un análisis serio y en profundidad de la sentencia [sic] de la Corte IDH» y que el Gobierno, en representación del Estado «honra y respeta los instrumentos internacionales que ha suscrito».
«Acataremos el fallo de la Corte IDH como lo hemos venido sosteniendo», añadió el Ministerio. Hace 10 díaz, consultado por la prensa extranjera sobre la resolución pendiente de la Corte interamericana, el presidente Martín Vizcarra afirmó que «esos fallos no son siempre blanco o negro, por eso decimos que respetaremos la ley y la Constitución«.
La Corte se sirve de antecedentes del derecho internacional y la legislación latinoamericana y manifiesta que la tendencia está «orientada a la prohibición expresa del indulto» en casos de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.
#LoÚltimo Gloria Cano: En esta resolución establecen los criterios que tienen que tener los estados para sancionar. La Corte IDH ha señalado que tienen que tener estándares. https://t.co/MiAQ1zvjbe pic.twitter.com/yIwOTr9X4y
— Ojo-Publico. com (@Ojo_Publico) June 15, 2018
«Lo que corresponde es una acción de amparo, ante un juez constitucional de Lima, para demandar el cumplimiento de un derecho –como el acceso a justicia– y cuestionar la legalidad del indulto», apunta Rivera en declaraciones a este diario. «Las consideraciones que la Corte ha tomado son muy importantes: buena parte del sentido de la resolución hay que trasladarla [ahora] a la acción constitucional».
El letrado fue quien planteo la reclamación contra el indulto ante la sede del tribunal interamericano en Costa Rica el pasado 2 de febrero. El abogado, sin embargo, se mostró sorprendido por el que hecho de que el ente decidiese devolver el caso a la jurisdicción peruana.
El tribunal interamericano plantea a la justicia peruana que al realizar el «control jurisdiccional» del indulto, evalúe no solo «la salud del condenado, sino otros criterios como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y que se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares».
(Fuente: El País)
