La juramentación de Keiko Fujimori Higuchi como presidenta de la República no representa precisamente el triunfo de una propuesta ciudadana renovada, sino la culminación de un minucioso proceso de cooptación institucional que comenzó mucho antes de que se contara el último voto en la reñida segunda vuelta.
Para entender la alarma que genera este momento, basta con repasar los archivos de la década de 1990. El régimen de su padre, Alberto Fujimori, no solo quebró el orden institucional con el autogolpe de 1992, sino que institucionalizó la corrupción a través de la manipulación de los poderes del Estado, el saqueo sistemático de las arcas públicas y la compra masiva de medios de comunicación. Fue además un periodo negro marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las matanzas ejecutadas por el grupo Colina y el pisoteo impune de las libertades individuales.
Pretender que esta herencia es ajena a la nueva mandataria es un ejercicio de amnesia colectiva que la prensa independiente no puede permitirse.
La preocupación no es abstracta, se mantiene en hechos concretos. Durante los últimos años, el fujimorismo y sus alianzas tácticas en el Congreso han desmantelado paulatinamente los contrapesos democráticos. Instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría de la República y sectores claves del aparato judicial han sufrido un constante asedio y debilitamiento condicionados por intereses de grupo.
Con la toma de posesión del Ejecutivo, el riesgo de un copamiento absoluto de la administración pública es inminente. Carteras estratégicas como el Ministerio del Interior, crucial para el control de la inteligencia y la fuerza pública, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación amenazan con convertirse en bastiones de reparto político, donde la revisión de la historia y el archivamiento de investigaciones por corrupción corren el riesgo de ser la norma.
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¿Qué espera ahora la ciudadanía de este mensaje presidencial del 28 de julio?
La población polarizada y desencantada no aguarda discursos conciliadores ni promesas vacías. Exige saber si habrá una verdadera vocación democrática o, por lo contrario, si seremos testigos del restablecimiento de una autocracia familiar.
Los retos urgentes que enfrenta el país no admiten demoras. Se necesita cumplir con la seguridad ciudadana y reducir el crimen organizado. La delincuencia ha debilitado y desbordado a las fuerzas del orden y exige políticas de Estado serias, no respuestas populistas ni autoritarias. Se requiere de una reactivación económica y un mejor acceso a la formalidad laboral. Es indispensable atender a una enorme mayoría de trabajadores sumergidos en la informalidad, sin desmantelar los derechos laborales.
Se busca acabar con la crisis institucional y la corrupción; para ello es urgente reconstruir la confianza en las instituciones democráticas y garantizar una lucha frontal contra la impunidad en todos los niveles del Estado. Este 28 de julio, el Perú entra en una de sus etapas más complejas en este siglo. Quienes hemos registrado la historia política del país sabemos que la democracia no se destruye de la noche a la mañana, sino mediante la erosión paulatina de sus garantías.
Le corresponde a la ciudadanía y a la prensa vigilante mantener la guardia en alto. Este 28 de julio digamos todos: ¡viva el Perú!, pero también mantengámonos en alerta frente a este nuevo gobierno que mantiene la sombra de un poder autoritario y dictatorial.
Por: Oscar Altamirano – Coordinador de prensa de Cutivalú
