El gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez informó que en el 2018 se suspendió o inhabilitó temporalmente a 47 funcionarios que laboraban en diferentes entidades del Estado al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional.
“Nosotros cuando tomamos conocimiento de una sanción, inmediatamente comunicamos a la entidad pública, pero como también algunos funcionarios o algunas entidades no toman las previsiones del caso, los trabajadores sancionados acuden a otras localidades más lejanas a ejercer cargos públicos. Es por eso que en los próximos días vamos a entregar en todas las entidades un documento con las identidades de los funcionarios sancionados, pero que quede claro que para aplicar la sanción estas son consentidas ya no hay ningún recurso de apelación”, explicó Ramírez.
Además, representante de la Contraloría en Piura refirió que quienes no cumplen con los requisitos para ejercer cargos públicos pueden ser sancionados.
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“Si revisamos el código penal, el tema de designar a una persona en un cargo público para el cual no cumple con los requisitos legales también podría ser pasible de una sanción penal, es un hecho que reviste cierta gravedad esto es responsabilidad de las autoridades y de la nueva gestión”, señaló.
“Nosotros hemos emitido un primer documento y en las próximas semanas vamos hacer una inspección caso por caso y esperamos no haya sorpresas”, manifestó el contralor regional”, agregó.
Joan Ramírez explicó que las sanciones van de 30 a 360 días calendarios y las inhabilitaciones pueden ser de 1 a 5 años.
