El gerente regional de Control de Piura, Joan Ramírez Merino, informó que, en el 2020, en la región Piura se detectó, un perjuicio estimado de 24 millones de soles en 23 organismos públicos, debido a presuntos actos de corrupción, según los informes de auditoría y de control específico realizados por la Gerencia Regional de Control de Piura.
El gerente regional de Control también manifestó que se identificaron 373 responsabilidades de tipo penal, civil o administrativa en 204 funcionarios y servidores públicos, debido a un mal uso de los recursos del Estado y otras irregularidades en la ejecución de obras y servicios, como resultado de sus informes de control posterior en diferentes entidades de la región Piura durante el 2020.
Si bien la cantidad de responsabilidades casi duplica el número de funcionarios implicados, Joan Ramírez explicó que esto se debe a que gran parte de los funcionarios tiene dos responsabilidades de distinto tipo.
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Además, la Gerencia Regional de Control de Piura y los órganos de control institucional publicaron un total de 1102 informes, de los cuales 957 son de tipo control simultáneo, 142 de control posterior y 03 de control previo.
De acuerdo a los informes, en la región se encontró irregularidades en procesos de elaboración de expedientes técnicos, contratación de personal, adjudicaciones, ejecución y supervisión de obras o servicios, como rehabilitación de caminos vecinales, reparación de canales y mejoramiento de infraestructura educativa. Además, se ha evidenciado una mala utilización de los recursos públicos en pagos que no están acordes a la norma.
Dicha información está a disposición de la ciudadanía en la plataforma virtual “Velocímetro de los servicios de control” (https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe) que permite la consulta y observación en línea de la producción del control gubernamental, facilitando la búsqueda y disposición estadística de los servicios de control que programa, procesa y concluye el Sistema Nacional de Control a lo largo de todo el país. Además, permite organizar y obtener resultados de acuerdo al interés de los usuarios.
Balance nacional 2020
En el 2020, la Contraloría General identificó 10 248 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas, que corresponden a 6 024 funcionarios o servidores públicos de todo el país. Asimismo, la entidad fiscalizadora registró más de 26 mil servicios de control concluidos (previo, simultáneo y posterior). De esa cifra, 11 516 corresponde a informes de control realizados en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
