La Contraloría General identificó un perjuicio económico de más de S/ 5 millones por sobrevaloración de precios en los trabajos de defensas ribereñas del río Piura tramo II, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración. También se hallaron otras irregularidades que involucran a un total de 23 funcionarios y exfuncionarios de la anterior y actual gestión del Gobierno Regional de Piura, con una presunta responsabilidad administrativa. De ellos, 17 también tendrían responsabilidad penal y 5 responsabilidad civil.
Incremento de costos y perjuicio
Han sido ocho observaciones que la Contraloría ha detectado y que se generaron en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 (Periodo de Reynaldo Hilbck) al 5 de marzo de 2021 (Actual gestión de Servando García) respecto al procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra.
Según la Contraloría, en el 2017, el comité de selección otorgó la buena pro al margen de la normativa a un postor único que no acreditó los requisitos de calificación, como experiencia del plantel profesional y experiencia en obras similares, para elaborar el expediente técnico y ejecutar los trabajos conforme a las bases integradas. Esto benefició al ganador de la buena pro con un contrato de más de S/ 41 millones sin contar con la carta fianza de fiel cumplimiento.
Otra de las observaciones de la Contraloría es que funcionarios del Gobierno Regional de Piura aprobaron el expediente técnico de las defensas ribereñas con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II o Eguiguren. Incluso, hubo sobrevaloración en los precios unitarios del rubro maquinarias, lo cual generó un incremento del presupuesto de la obra en más de S/ 21 millones, la extensión del plazo contractual (54 días), mayores gastos generales y la inaplicación de penalidades.
Esta situación ocasionó un perjuicio económico de S/ 5 255 581.50 debido a una sobrevaloración de los precios unitarios de las maquinarias utilizadas, como volquetes, cargadores y excavadoras sobre orugas. También se sobrevaloraron precios en trabajos de enrocados de protección, construcción y mantenimiento de caminos de acceso. La obra continúa en ejecución.
En el informe también se observa la actuación irregular de funcionarios en la aprobación y pagos por trabajos no ejecutados que beneficiaron al contratista con más de S/ 6.6 millones, en la suscripción del contrato para la supervisión de la obra, en el consentimiento de solicitud de ampliación de plazo improcedente, en las contrataciones de locadores de servicio para la supervisión de los trabajos y en la aprobación de la intervención económica a la obra con el plazo de ejecución contractual vencido.
Finalmente, la comisión de control determinó un incumplimiento de las condiciones para otorgar la contratación directa por situación de emergencia a la supervisión y ejecución del saldo de obra en este año. Además, no se cumplió con la entrega de los documentos obligatorios para la presentación de la oferta y suscripción del contrato. Esta situación benefició a dos proveedores con la adjudicación de contratos por la suma de S/ 51 714 350,54, afectando la legalidad, eficacia y eficiencia que deben regir las contrataciones públicas.
La Contraloría también advirtió que las losas de concreto inclinadas de protección y las tablestacas (estructuras de contención) de cemento reforzado prefabricado fueron ejecutadas por el contratista sin cumplir con las especificaciones técnicas. Dichas situaciones también fueron alertadas durante el servicio control concurrente en el 2020. Aún pueden corregirse porque la obra sigue en ejecución.
Antecedentes
El 14 de noviembre de 2017, el Gobierno Regional de Piura y un consorcio suscribieron el contrato para la elaboración del expediente técnico y ejecución de los trabajos de defensas ribereñas en el río Piura por más de S/ 41 millones. En febrero de 2020 se contrató la supervisión de la obra. Posteriormente, la entidad resolvió el contrato con la empresa supervisora en noviembre de 2020 por la causal de haber acumulado o superado la máxima penalidad y con el consorcio ejecutor en enero de 2021 por retraso injustificado en los trabajos.
La entidad procedió a la contratación directa del saldo de obra y supervisión por un monto total de inversión de más de S/ 51 millones y un plazo de ejecución de 300 días calendario. Sin embargo, dicho plazo es superior al plazo inicial (135 días calendario), el cual fue modificado por adenda y ampliaciones de plazo. Los funcionarios no consideraron que las contrataciones directas se encuentran establecidas para ejecutar prestaciones estrictamente necesarias para atender la emergencia.
Como se recuerda, el pasado 5 de marzo, se produjo un incremento del caudal del río Piura, producto de las lluvias estacionales. Además, la comisión de control concurrente advirtió la inexistencia de trabajos preventivos en la infraestructura que se encontraba debilitada o inconclusa por la resolución de contrato con el anterior contratista. Sumado a ello, en el cauce del río había cinco grúas.
Datos:
- El consorcio que ganó la buena pro durante la gestión de Reynaldo Hilbck es el Consorcio Piura y Castilla, integrado por las empresas Constructora UPACA SA, y BASA CONSTRUCTORES SAC.
- Quien estuvo a cargo de la supervisión de la obra fue el Consorcio Supervisor Control de Inundación I, integrado por las empresas INTECSA INARSA SA y ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES SL.
- El informe de auditoría está publicado en el portal web institucional http://www.gob.pe/contraloria
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