El contralor general de la República, Nelson Shack, pedió al Congreso disponer mayores recursos para la ejecución de las políticas públicas que inciden en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Según expuso, estas políticas requieren de mayores recursos para que se implementen adecuadamente, lo que, finalmente, se traducirá en resultados positivos.
“Las políticas están, pero muchas veces sucede que son buenos deseos que, necesariamente, no se pueden materializar porque la asignación de recursos no va a donde señalan esas políticas”, señaló.
Shack Yalta detalló que este año sólo se gastó 160 millones de soles de los 213 millones de soles asignados este año para la protección de los derechos de los menores. Este gasto representa sólo el 75% del presupuesto utilizado. Por ello, manifestó que el presupuesto queda corto para utilizarse en DEMUNA’s, Centros de Acogida Residencial (CAR) y Unidades de Protección Especial (UPE).
Y en este contexto, el contralor general expuso que, a partir del 2024, realizarán mega operativos para supervisar los servicios que cada DEMUNA, CAR y UPE, realiza en favor de las niñas, niños y adolescentes.
SUPERVISIÓN
Actualmente, en el territorio peruano existen 1722 DEMUNA, pero sólo 556 están acreditadas por el Ministerio de la Mujer.
En el caso de los CAR, existen 57 centros de acogida a nivel nacional, pero resultan insuficientes para atender todos los casos que se requiere.
En cuanto a las UPE, existen 25 en el país, pero San Martín y Cerro de Pasco son regiones que no cuentan con estas unidades de protección. Por ello, la Contraloría indicó que revisarán el estado administrativo de estas instituciones.
CONTROL GUBERNAMENTAL
Como resultado de los informes de control simultáneo, la Contraloría emitió 87 alertas a los gestores públicos vinculados a la labor de las DEMUNA, CAR y UPE, de las cuales el 39% ya fueron corregidas. Un 32% aún no son corregidas, y un 27% están sin acciones, pero en plazo para adoptar alguna medida que permita corregir esa alerta.
En cuanto al resultado de los informes de control posterior, se ha identificado a 45 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en irregularidades en materia de gestión de recursos y operacional de las DEMUNA, CAR y UPE, a nivel nacional.
“Aquí hay trabajo para la Fiscalía, la Procuraduría y las Secretarías Técnicas de Asuntos Disciplinarios. Pero, como suele suceder en el Estado peruano, hay impunidad, y a estos funcionarios no les pasará nada. Si no hay sanción, es imposible darle efectividad a cualquier esfuerzo de lucha contra la corrupción y la inconducta funcional”, advirtió el contralor general de la República.
Nelson Shack hizo este pedido ante la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, del Congreso, en el contexto de la Emergencia Sanitaria.
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