En una sesión desordenada, donde no se transparentó el detalle de la votación, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó con inusual premura el informe final que recomienda denunciar al presidente Pedro Castillo por organización criminal y otros delitos en el caso Puente Tarata y su injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas, y acusarlo por infracción a la Constitución debido a sus reuniones extraoficiales en la casa de Breña, que nunca fueron transparentadas.
Nueve congresistas votaron a favor, 3 en contra y hubo una abstención; esto en un grupo donde 18 miembros son titulares y 16 accesitarios. Al cierre, no se conocía con exactitud cómo resolvieron las bancadas, pues la sesión fue en paralelo al debate de la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Senmache. Cuando se retomó la transmisión de Fiscalización, su secretario ya estaba sometiendo el informe a votación, pero sin precisar el sentido de la decisión de los parlamentarios.
Aunque, por las intervenciones de sus legisladores, quedó en evidencia que estuvieron a favor Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y APP.
Todo fue en menos de cinco minutos. Se votó de manera exprés y, del mismo modo, el presidente de esta comisión, el fujimorista Héctor Ventura, levantó la sesión llena de tropiezos. Primero, el parlamentario de Cambio Democrático Edgard Reymundo planteó una cuestión previa para que se redacte de nuevo el expediente y se exima a los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez, del Bloque Magisterial, y a sus colegas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’. Esto debido a que las conclusiones del informe los involucra en los presuntos hechos ilícitos del presidente en la casa de Breña, sin que la comisión los haya citado para recoger sus descargos.
Segundo, el congresista del Bloque Magisterial Pasión Dávila presentó un informe en minoría que protege al presidente Castillo. Dávila exigió que primero se vote su dictamen, pero Ventura se negó. El argumento del fujimorista fue que Dávila podía presentar su texto cuando se discuta en el Pleno.
Ventura estaba apurado en someter al voto su informe. Sin embargo, demoró porque acató las peticiones de Reymundo, debido a que incluir a congresistas en un informe de investigación, sin haber recogido la versión de ellos, vulnera el debido proceso y correría el riesgo de quedar desacreditado.
Con una nueva redacción del informe, era necesario que todos los integrantes de la comisión conozcan las correcciones del documento. Por eso, Dávila pidió un cuarto intermedio para que en ese lapso los congresistas reciban el nuevo expediente. Pero los fujimoristas cerraron filas para que el dictamen de Ventura se vote ya.
En medio de la discusión, todo se suspendió por minutos. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización aprovecharon para votar la censura contra el ministro Dimitri Senmache en el Pleno.
Al retomarse la sesión, Ventura sometió al voto las conclusiones del informe; sin embargo, pese a la gravedad del asunto, no hubo tiempo para más discusión. Por la noche, el fujimorista ofreció una conferencia de prensa. “Lo que hemos podido evidenciar es la actitud del presidente. Lo hemos citado hasta en cuatro oportunidades. Es falso que el presidente no tenía conocimiento (de las convocatorias)”, recalcó el titular de Fiscalización.
El expediente será votado en la próxima sesión del Pleno. Con los votos de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, APP, Somos Perú y un grupo de Acción Popular, todo apunta a que recibirá luz verde.
Las recomendaciones de que el Ministerio Público investigue a Castillo incluye a sus exministros de Transportes Juan Silva, del Interior Juan Carrasco y de Defensa Walter Ayala.
Hoy, Castillo y Silva son investigados por el Ministerio Público por el caso Tarata. De modo que las conclusiones de Ventura resultarían redundantes. El fondo del asunto es el juicio político, cuando se sostiene que el presidente cometió infracciones a la Constitución en la casa de Breña.
Como informó el constitucionalista Omar Cairo, el juicio político puede conllevar a que se proponga la inhabilitación del mandatario. Por eso, Ventura sugiere además de que el dictamen pase al Ministerio Público, sea enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
En esta comisión, presidida por Rosio Torres (APP), está en discusión la denuncia, también por juicio político, contra la vicepresidenta Dina Boluarte. De sumarse el caso de Castillo, la subcomisión tendrá en sus manos proponer o no la suspensión de ambos funcionarios.
La inhabilitación en el Pleno solo requiere de 66 votos, en comparación con la vacancia que necesita de 87. A la oposición, a la que se sumó hace poco Perú Libre, no le resultará complicado obtener la mayoría simple en el hemiciclo para destituir a Castillo y Boluarte. Así podrán tomar el poder, sin necesidad de una vacancia formal.
Esto en medio de una situación crítica donde los analistas advierten que, pese a la crisis política, el presidente Pedro Castillo no es capaz ni siquiera de plantear el adelanto de elecciones generales.
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