Treinta días de alerta. El Congreso tiene este plazo para cambiar las reglas de los comicios regionales y municipales del 2022, y los partidos con representación en el Parlamento ya dejaron en evidencia su intención de aprobar algunas contrarreformas electorales.
El presidente Pedro Castillo publicó el viernes 01 de octubre en la noche, en una edición especial de El Peruano, la ley que extiende por treinta días el citado plazo. Esto, a pesar de que la bancada de Perú Libre votó en contra, en la sesión del Pleno del 16 de setiembre, mientras que Fuerza Popular marcó en abstención.
Castillo promulgó la norma con especial celeridad, debido a que el 3 de octubre empezaba a regir el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe modificar las reglas de juego con un año de anterioridad a la fecha de los comicios.
Es decir, si no lo hacía, el Congreso ya no hubiera podido mover ni una coma de las reglas vigentes, con todas las implicancias que esto hubiera tenido.
Reformas peligrosas
Ya con luz verde, la Comisión de Constitución tendrá una jornada de trabajo contra el reloj, con el fin de buscar la aprobación de reformas o incluso contrarreformas electorales.
El mismo 16 de setiembre, en el Pleno, el Congreso intentó aprobar en forma apresurada un paquete de contrarreformas, pero las bancadas vistas como aliadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú y Avanza País, solo lograron 45 votos a favor.
La contrarreforma más peligrosa que intentaron aprobar era la suspensión de las elecciones primarias abiertas y con participación universal de toda la ciudadanía.
José Tello, abogado del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), explicó que las bancadas pueden insistir con esta reforma, al no tener ningún impedimento.
Hay otra contrarreforma que se quemó en la puerta del horno: las bancadas querían suspender la obligatoriedad para que los partidos y movimientos presenten un mínimo de candidatos en las regiones, provincias y distritos.
Solo por citar un ejemplo, si un partido no presenta candidatos en un mínimo de 15 regiones, sencillamente pierde su inscripción. Esta regla vigente busca generar una participación efectiva de los partidos. Un caso concreto de eventual riesgo se podría dar con Avanza País, un partido cuya presencia real se da básicamente en Lima.
El Congreso podría insistir con esta contrarreforma.
Proyectos en agenda
Sobre la marcha, los parlamentarios ya han ido presentando nuevos proyectos de ley para cambiar las normas de las próximas elecciones regionales y municipales.
El partido Acción Popular, a través del legislador Juan Mori Celis, presentó un proyecto de ley que busca extender sobremanera el plazo para que los ciudadanos puedan afiliarse a una organización política, como requisito previo para postular a una alcaldía o al cargo de gobernador regional.
El plazo que plantea Juan Mori es el 10 de abril del 2022.
En opinión del especialista José Tello, fijar este plazo genera un margen de maniobra para los partidos, con lo cual incluso se podría negociar candidaturas; cuando de lo que se trata es propiciar una cultura de militancia, por lo que el plazo de afiliaciones debería cerrarse mucho antes.
Por otro lado, José Luna Gálvez, de Podemos Perú, presentó un proyecto para lanzar un salvavidas a aquellos candidatos que omiten información sobre sus bienes en sus declaraciones juradas de hojas de vida.
Luna propone que si un candidato no cumplió con reportar un bien, pero este aparece en los registros públicos, solo se tendría que subsanar la omisión sin el retiro del postulante.
Por otro lado, una propuesta que no está en agenda pero sí requiere atención es la Ley 30998, que permite que los partidos y movimientos puedan elegir las listas de regidores y consejeros solo a través de delegados. Según alerta José Tello, esto permitiría la compraventa de candidatos y se mantendría un sistema de elección a dedo.
Propuestas favorables
Extendido el plazo, han surgido también otras propuestas que podrían fortalecer la democracia. El 29 de setiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una propuesta normativa con varias modificaciones que apuntan al aspecto operativo del día de las elecciones, como el plazo de cierre de las mesas de sufragio.
En buena cuenta las propuestas de este proyecto corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero canalizaron las iniciativas a través del JNE, por ser el ente con iniciativa legislativa.
El proyecto contiene una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 28094) para que la ONPE pueda tener también potestad para verificar y controlar la actividad económica de los partidos y movimientos en las elecciones primarias.
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