En entrevista con Cutivalú, el Past Decano Nacional del Colegio de Profesores del Perú, Ángel Zalazar Piscoya, cuestionó al Ejecutivo por la aprobación de ley que dispondrá el cese inmediato de docentes que pertenezcan a organizaciones que difundan «ideologías contrarias a la Constitución». Zalazar destacó que la propuesta, promovida por el premier Otárola, parece tener una intención política de persecución y control sobre los maestros, buscando crear un perfil de docente «domesticado» y «apolítico».
Zalazar señala que la medida podría obligar a los maestros a adoptar posturas acríticas y restringir su afiliación a una organización política, limitando así su capacidad de pensar críticamente y expresar opiniones.
«Lo que ha expresado el premier es una intención política de persecución a los maestros y buscar tener un docente domesticado, acrítico y apolítico porque se le va a prohibir a que pertenezca a una organización política, de afiliarse a un partido político y opinar e incluso temor de evitar el pensamiento crítico en los estudiantes. Esto solo se ha escuchado en países donde hay tiranía y dictaduras», expresó Zalazar.
Congreso
El Pas Decano advierte que esta medida equipararía a los maestros con ciudadanos de segunda clase, sin derechos y sometidos a la voluntad del gobierno. Por tanto, Zalazar espera que el debate en el congreso proteja los derechos de los maestros y rechace medidas que vulneren su libertad y dignidad.
Sin embargo, destaca que esta demora podría deberse a la controversia y posible inconstitucionalidad del proyecto, que requeriría modificaciones en la constitución para su implementación y que podrían dejar a los docentes sin derechos y tratados injustamente por el gobierno. Precisa que la ley de reforma ya incluye medidas disciplinarias y sanciones para quienes incumplen deberes, sin necesidad de amenazar los derechos de los maestros.
“El Ejecutivo aún no envía al Congreso el proyecto de ley para su debate y aprobación porque debe estar en la página web. No lo envían porque es anticonstitucional, tendrán que cambiar la constitución donde digan todos los ciudadanos peruanos tienen derechos excepto los docentes. Los maestros pasamos a ser ciudadanos de quinta categoría, sin derechos amordazados, vetados por un gobierno que actúa de una forma dictatorial”, dijo el docente.
Persecución política a docentes
El proyecto de ley, según Zalazar, contraviene varios derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, como la igualdad ante la ley, la no discriminación, la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de opinión. También señaló que esto representaría una suerte de persecución y acallamiento hacia los maestros, lo cual podría ser interpretado como una represalia política por parte de un gobierno cuestionado.
Ángel Zalazar enfatiza que en los centros educativos se promueve una cultura de paz, donde la gran mayoría de docentes rechazan cualquier forma de violencia. Sin embargo, señala que la violencia institucional proviene del Minedu, DREP y UGELS, quienes cometen abusos en la contratación y los pagos tardíos, incluyendo la CTS.
Precisó que esta situación ha llevado a algunos docentes a terminar su vínculo laboral y a iniciar denuncias legales para hacer valer sus derechos, a pesar de existir presupuesto disponible.
Acuerdos con Ejecutivo
El representante del Colegio de Profesores del Perú recordó que el magisterio había logrado acuerdos previos con el gobierno para mejorar la calidad remunerativa, pero expresó su decepción al descubrir que el presupuesto educativo para este año no contempla ningún incremento salarial para los maestros.
Es por ello, que el Colegio de Profesores del Perú ha instado a que este proyecto de ley sea desestimado y archivado, debido a sus posibles implicaciones negativas para la profesión docente y los derechos de los maestros en el país.
