El Ejecutivo aprobó un proyecto de ley que dispondrá el cese inmediato de docentes que pertenezcan a organizaciones que difundan «ideologías contrarias a la Constitución». Esta información fue difundida por el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
«Se ha aprobado un proyecto de ley que establece causales de cese inmediato por falta muy grave a aquellos docentes que pertenezcan a ideologías que contravienen la Constitución y que estén dictando clases en prejuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos», señaló Otárola.
¿MORDAZA A LOS MAESTROS?
Por su parte, el decano del Colegio de Profesores del Perú (CPP), Helí Ocaña, precisó que ya existe una ley sobre la lucha contra el terrorismo.
“La ley de carrera pública magisterial ya dice que no pueden ser nombrados los [maestros] que están vinculados con movimientos políticos, los que tienen sanciones por terrorismo, por sentencias judiciales, entre otros”.
Por ello, Ocaña pidió al Gobierno aclarar cuáles son las instituciones vetadas y a las que los docentes no deben pertenecer.
“El MINEDU debe publicar el nombre de las organizaciones [vetadas]. Si no es así, tendremos una norma que atenta contra los derechos personales y colectivos. Los docentes nos convertiremos en sujetos sin derechos democráticos ni vida política”.
REDUNDANTE
Para el Premier, el objetivo de este proyecto de ley es garantizar que los estudiantes tengan docentes idóneos que promuevan una educación a base de valores, respeto a la Constitución y del estado de derecho.
«Actualmente hay casi 7 millones de estudiantes, más de 400 mil profesores y todos ellos están obligados no solamente a cumplir con los objetivos de la currícula escolar, sino también y sobre todo a enseñar sobre la base de los valores cívicos ciudadanos, los contenidos de la Constitución, el respeto por los derechos fundamentales y la crítica a aquellas ideologías violentistas que no han hecho sino dañar al Perú y causar innumerables víctimas y daños materiales», acotó.
SERÁ UN REQUISITO
En tanto, la ministra de Educación, Miriam Ponce, precisó que esta iniciativa modifica la Ley N.º 29944 o Ley de Reforma Magisterial, con el objetivo de “asegurar que las actividades de los docentes se desarrollen con base en una cultura de paz y con respeto a los derechos humanos”.
Apuntó, además, que se incorporará en los requisitos de ingreso a la carrera pública magisterial que los aspirantes no pertenezcan a ninguna «organización» que vaya en contra de lo estipulado en el proyecto de ley.
DESDE EL SUTEP
El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, explicó que desde este sindicado, se han desarrollado múltiples afirmaciones de rechazo absoluto a aquellas ideas que aprobaban el terrorismo o el violentismo en el país.
“Como presunción, lo que se quiere es amordazar a la gente, evitar que desarrollen opiniones, cuestionamientos a la Constitución o las leyes que emiten. Eso es inconstitucional, porque la misma Constitución establece el derecho de opinión como un derecho fundamental de la persona”, manifestó Castro.
Por: Oscar Altamirano
