Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Fiscal de Sullana, Luis Ramos Rioja, quien indicó que también están esperando que las operadoras y entidades bancarias entreguen la información requerida relacionada con los funcionarios.
“El lunes se aprobó el tercer acuerdo (del colaborador eficaz), y lo que estamos ahora esperando es que se notifique la resolución para poder incorporar la información a la carpeta y correr traslado a todos los investigados, sin perjuicio de ello, con la información de los primeros colaboradores, ya aprobados judicialmente, se está convocando a declarar a algunas personas que no habían sido comprendidas inicialmente en la investigación”.
Agregó que entre estos funcionarios se encuentra el exinformático de Talara de apellido Valladares, “quien estuvo cuatro o cinco meses en la UGEL Talara y luego fue cesado (…) ahora que tenemos más información, será incluido también”.
Secreto de las comunicaciones
Ramos Rioja indicó también que están a la espera que las entidades bancarias y de telefonía, entreguen la información relacionada con los funcionarios investigados.
Consultado sobre si esta demora en la entrega de la información por parte de las operadoras de telefonía y de las entidades bancarias perjudicaría la investigación, el letrado indicó que no porque están dentro del plazo.
“La investigación tiene un plazo de 36 meses porque es una organización criminal, estamos por cumplir en junio ya 24 meses, no queremos utilizar todo el plazo porque no es necesario, vamos a cerrar la investigación antes de que concluya”, anotó.
Añadió que pensaban cerrar en junio esta etapa antes de solicitar la programación de la audiencia de control de acusación, “pero a veces no depende de nosotros sino de la forma cómo va llegando la información, eso hará que se prolongue uno hasta dos meses más”.
Ramos Rioja señaló que cuando se amplió la investigación contra algunos funcionarios de la DREP (Dirección Regional de Educación de Piura), requirieron también el levantamiento de las comunicaciones para esas personas, de los números telefónicos que han declarado, y de otros que estén a su nombre.
No declaran
Dijo que hay algunos que se han reservado el derecho de declarar hasta que tengan la información completa, “como Edward Gómez Paredes, ahora, con la información que se ha incorporado en la carpeta fiscal de manera concreta, llamarán a declarar a algunos funcionarios”, para lo cual se va a pedir la ampliación de su declaración.
Cabe señalar que casi todas las UGEL de la región han sido comprendidas en investigaciones sobre desvío de dinero y otras presuntas faltas o delitos, como el de los talleres fantasmas y de firmas falsas que se denunció en la UGEL Piura el año pasado.
Paita fue una de las primeras UGEL en donde se denunció la apropiación del dinero a través de cuentas que eran “prestadas” por algunos profesores, a pedido de los autores de los desvíos.
Jaime Távara, exjefe de la Oficina Regional Anticorrupción, indicó que la falta del secretario técnico anticorrupción no permite hacerle seguimiento a este y otros casos.
Fuente: Correo
