Este artículo fue publicado originalmente en Actualidad RT
Este martes 06 de abril comenzó el proceso de enjuiciamiento contra el exmilitar hondureño Roberto David Castillo Mejía, una de las piezas más importantes para esclarecer el caso de la activista y defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres, quien fue asesinada hace más de cinco años en el marco de la represión contra los pueblos indígenas por oponerse a una represa.
Castillo Mejía, quien es señalado como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, comparece desde este martes ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa.
La audiencia pública de Castillo Mejía ha reabierto el caso de la activista indígena lenca, ya que podría arrojar evidencia sobre los autores intelectuales del homicidio de Cáceres y del intento de asesinato del líder ambiental mexicano Gustavo Castro Soto, ocurrido en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.
¿Quién es Roberto Castillo Mejía?
Castillo Mejía fue teniente segundo en inteligencia militar en el Ejército de Honduras (2006-2011) y posteriormente ocupó la presidencia ejecutiva de Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), la compañía que obtuvo la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque, en medio de una fuerte oposición de Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) porque el proyecto de represa invadía el territorio sagrado del pueblo lenca.
El 15 de julio de 2013, el líder indígena Tomás García, quien protestaba en las instalaciones del proyecto de Agua Zarca, fue asesinado por el soldado hondureño Kevin Saravia. Mientras que el hijo de García, Alan, resultó herido de un balazo en el pecho.
En este contexto, Cáceres, quien fue cofundadora y coordinadora de COPINH, denunció las agresiones y amenazas contra las comunidades indígenas que se oponían a la construcción de la presa de Agua Zarca. Pese a que la ambientalista era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), el 2 de marzo de 2016 fue asesinada por hombres armados en el interior de su casa en Residencial El Líbano, en La Esperanza, cuando Castillo Mejía estaba a cargo de DESA.
El 2 de marzo de 2018, Castillo Mejía fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando estaba a punto de tomar un avión para volar a la ciudad estadounidense de Houston.
Para la hija de Cáceres, Berta Zúñiga, quien es la actual coordinadora de COPINH, Castillo Mejía es «una pieza clave que conecta con esos actores intelectuales que están en la impunidad», incluyendo los «actores económicos» que siguen sin ser juzgados en el caso, según denunció en conferencia de prensa el pasado 30 de marzo.
Otros involucrados
La empresa DESA tiene como principal accionista a la compañía Inversiones Las Jacarandas, propiedad de la familia Atala Zablah, una de las más más acaudaladas de Honduras y que no ha sido llevada ante la Justicia en el marco de este proceso judicial.
Por esto, el COPINH y la familia de Cáceres han señalado que el juicio contra Castillo Mejía debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento a las demás personas involucradas en el crimen de la activista, incluyendo los «jefes» del exmilitar y ejecutivo de DESA: Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
Por otra parte, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) documentó que, en 2012, directivos y socios de DESA habrían sostenido diversas reuniones con ministros de Estado, diputados y jefes de las fuerzas de seguridad.
«Ese apoyo permitió a empleados de DESA llegar a dirigir operativamente a las fuerzas de seguridad del Estado —policías y miembros del Ejército— en acciones de represión en contra de las comunidades integrantes de COPINH, así como desplegar operativos para efectuar ataques en contra de Berta Isabel Cáceres Flores», refirió GAIPE.
Los directivos de DESA reconocieron que la compañía tenía importantes vínculos con el sector político y que se emplearon «recursos financieros para institucionalizar un ataque sistemático» en contra de Cáceres y del COPINH, con el objetivo de «neutralizar y controlar cualquier oposición que pusiera en riesgo la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca».
En diciembre de 2019, la Justicia hondureña dictó condenas de entre 30 y 50 años de prisión para siete presuntos autores materiales del crimen.
- Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente Ambiental y de Comunicaciones de DESA, dedicado al monitoreo de las actividades de Cáceres y del COPINH.
- Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado y exempleado de DESA, quien coordinaba a las fuerzas de seguridad estatales y estructuras paralelas para realizar vigilancia, seguimiento, infiltración y ataques a miembros del COPINH.
- Mariano Díaz Chavéz, oficial de inteligencia de las Fuerzas Especiales Hondureñas y fue quien coordinó con Bustillo la logística e identificación de sicarios para asesinar a la defensora.
- Henry Hernández, militar retirado que seleccionó y dirigió el grupo de sicarios que participaron en el asesinato de la activista.
- Los presuntos sicarios Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Eriberto Rápalo Orellana y Óscar Aroldo Torres Velásquez.
Además de la ausencia de investigación y castigo sobre la participación de la familia Atala Zablah, las autoridades hondureñas siguen sin indagar en los «actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque», según denunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía internacional, señaló en el contexto de la apertura del juicio contra Castillo Mejía que el Gobierno hondureño no solo falló en proteger la vida de Cáceres, sino que «se ha encargado de obstaculizar todos los caminos para garantizar verdad y justicia».
El juicio en contra de Castillo Mejía es una oportunidad para que el Estado hondureño finalmente garantice la verdad, la justicia y las garantías de no repetición tras el asesinato de Cáceres, un crimen que no ha sido esclarecido ni sancionado a más de cinco años de haberse perpetrado.
José Beltrán Contreras
Este artículo fue publicado originalmente en Actualidad RT
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