La vicepresidenta Dina Boluarte señala que el Ejecutivo respetará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre indulto a Fujimori.
La ministra de Desarrollo e Inclusión de Social (Midis) y vicepresidenta, Dina Boluarte, se pronunció sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Ministerio de Justicia del Perú abstenerse, de manera temporal, de ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori tras resolución del Tribunal Constitucional (TC).
A través de las redes sociales, Dina Boluarte, indicó que se respetará la decisión de la Corte IDH a fin de fortalecer el compromiso como Estado democrático ante la comunidad internacional.
“Valoramos la decisión de la Corte IDH. Respetar su mandato fortalece nuestro compromiso como Estado democrático ante el ámbito de la comunidad internacional y nos compromete a todos los ciudadanos con los valores asociados a la defensa de los derechos humanos”, escribió Boluarte en su cuenta de Twitter.
DECISIÓN DE LA CIDH
El último jueves 30 de abril, a través de una carta dirigida al procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño, la Corte IDH señaló que dicho fallo del Tribunal Constitucional (TC) para liberar el sentenciado expresidente no debe realizarse “hasta que se resuelva la solicitud de medidas provisionales en los próximos días”.
“El pleno de la Corte IDH decidió el día de hoy (miércoles 30 de marzo) requerir al Estado peruano que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, abstenerse de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional que ordena liberar a Alberto Fujimori Fujimori”, se lee en el documento emitido por el órgano internacional.
En ese sentido, la Corte IDH mencionó en su comunicado que “la decisión completa será notificada en los próximos días” por lo que Alberto Fujimori permanecerá en una de las cárceles del INPE, tras ser condenado a 25 años de prisión luego de haber cometido delitos de lesa humanidad por la muerte de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Fuente: La República
