La presidenta Dina Boluarte Zegarra estaría intentando criminalizar la labor de las y los periodistas que cubren las protestas en su contra. La iniciativa se incluye en el proyecto de ley 5632/2023-PE, que el Ejecutivo ha enviado al Congreso como parte de su pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y otros.
El párrafo ubicado en la página 33 de la iniciativa, que aún se encuentra en la Comisión de Constitución propone “sancionar a los instigadores del delito de disturbio” e incluye a “comunicadores que, utilizando medios de comunicación masivos, han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión señaló a Wayka que, si bien aún no se aprueba el proyecto, refleja un atentado contra el trabajo del reporteo periodístico y contra la libertad de expresión.
“En este caso no solamente se incluye de forma general a funcionarios, sino a comunicadores, y ahí estarían incluidos periodistas y dueños de los medios de comunicación”, mencionó.
Carrión comentó que este proyecto es engañoso y peligroso ya que podría dar pie a que si los periodistas informan sobre la protesta, esa mera información objetiva podría ser considerada como medio de instigación a pesar de que solo se está ejerciendo el rol periodístico.
”Eso no podría ser considerado como instigación. Eso en rigor ya está regulado bajo el delito de disturbios, se puede ver en el caso Walter Aduviri y si alguien instiga, eso también está sancionado en el Código Penal”, explicó.
Destacó, además, que este proyecto no define los parámetros de cómo y quién delimitaría la instigación y la transmisión de información. “Esto es inmiscuirse en el ejercicio de la profesión y limita la libertad de expresión. Eso me parece peligroso. Este gobierno tiene tendencias autoritarias, eso se ha ido viendo durante este tiempo”, acotó.
Fuente: Wayka
Comunidad campesina de Catacaos exige nuevas elecciones comunales
