Dos de los árbitros investigados por, presuntamente, favorecer en los laudos a la cuestionada empresa Odebrecht, tienen en sus manos tres de cuatro procesos arbitrales que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap) mantiene con el Consorcio Obrainsa Astaldi, otrora ejecutor de las obras del túnel trasandino y la presa Tronera.
Ellos son Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller, como se ha podido conocer. Los tres procesos de arbitraje los preside Cantuarias Salaverry.
Del Peihap
Franz Kundmüller ha sido designado como árbitro por parte del Peihap; es decir, es quien debe defender los intereses de la institución que le paga.
Cantuarias es el árbitro que se elige entre las dos partes en conflicto; en este caso ha sido seleccionado por el árbitro del Peihap y el que ha designado la empresa Obrainsa Astaldi. Cantuarias preside este tribunal en los tres casos.
Procesos
Los procesos que en este momento tienen estos árbitros se refieren a los pedidos de ampliación de plazo por parte de Obrainsa Astaldi, argumentando que el Proyecto Alto Piura es responsable.
Se conoció que el primer pedido de ampliación está en el proceso 005-2017, en el cual Obrainsa pide un pago de 2 millones 600 mil soles porque, a su decir, los retrasos en las obras y las paralizaciones se debían a la falta de energía eléctrica. Este proceso es el único en que los investigados no forman parte del tribunal.
El segundo proceso es el 021-025, que también ha sido abierto porque no se concedió al consorcio los tres pedidos de ampliación de plazo. El monto en controversia es de 13 millones de soles.
El tercer y cuarto proceso se han acumulado en uno solo y es por el pedido de cinco ampliaciones de plazo. El monto que el consorcio Obrainsa Astaldi exige es de diez millones de soles.
El expresidente del directorio del Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros, Hugo Garcés, señala que los dos árbitros deben ser recusados por el Proyecto Alto Piura, de modo tal que se garantice la transparencia en el proceso y en los laudos que emiten.
“En el cualquier parte del proceso se puede recusar a un árbitro y aunque los dos están investigados lo mejor es que quien vea estos procesos no tenga cuestionamientos. El gobernador regional, Servando García, debería de hacerlo, porque son muchos millones de soles los que están en juego”, señaló Garcés Solano.
(Fuente: El Tiempo)
