El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que pertenece a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), alertó que dos empresas de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, han demandado a 16 ciudadanos de la comunidad campesina de Catacaos.
Se trata de la Asociación Civil San Juan Bautista, propietaria del proyecto inmobiliario Miraflores Country Club, e Inversiones Santa Regina SAC (ex Agrícola Santa Regina).
Los comuneros son:
- Percy Maza Sandoval (9 denuncias).
- Santos Maza Juárez (8 denuncias).
- Marcelino Ynga Ynga (4 denuncias).
- Wilmer Maza Sandoval (3 denuncias).
- Paula Sandoval Sullón (3 denuncias).
- Percy Vilchez Chiroque, Gregorio Ynga Sánchez, Santos Elías Mendoza, Félix Maza Juárez, Casimiro Maza Juárez y Félix Maza Flores (2 denuncias).
- María Lidia Maza Flores (2 denuncias).
- Reynaldo Palacios Yesquén, Reynaldo Palacios Anastacio y Wilmer Maza Sandoval (1 denuncia).
- María Valeria Silupú Fernández (1 denuncia).
“Las tierras de los comuneros colindaban con el proyecto inmobiliario Miraflores Country Club, que pertenece a la Asociación Civil San Juan Bautista, y cuando la comunidad se negó a venderles las tierras, iniciaron una serie de demandas judiciales del 2012 al 2018 por diversos delitos”, indicó a Ojo-publico.com el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez.
Son 10 denuncias penales contra los comuneros de Catacaos, por usurpación, fraude procesal, daños, daños agravados, hurto, hurto agravado y lesiones.
La OMCT alerta que los miembros de la comunidad entre 2012 y 2018 «han sufrido diversos ataques que permanecen en la impunidad, lo que demuestra el distinto tratamiento que el sistema de justicia peruano ofrece a quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y el territorio», se lee en un comunicado.
La alerta señala que los ejemplos más graves de violencia contra los comuneros se registraron el 2011, cuando fue asesinado Guadalupe Sosa Zapata, quien, junto a sus vecinos, se opuso a que 200 personas armadas continuaran cercando terrenos que pertenecen a la comunidad. El caso fue archivado en la fiscalía “por falta de pruebas”, según detalla el comunicado del OMCT.
Esta entidad también advierte que en el 2017, fue asesinado durante un desalojo el comunero Luis Pasache Zapata. Además, el comunicado advierte que «en enero del 2018 un grupo de comuneros fue agredido con armas de fuego por personal de la empresa Santa Regina y nadie ha sido procesado tampoco por este caso».
Piden poner fin al hostigamiento contra periodistas
La OMCT también «expresa su preocupación y condena la criminilización de los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, e insta a las autoridades peruanas a poner fin al hostigamiento en su contra, incluyendo a nivel judicial», indica el comunicado.
Ambos periodistas enfrentan una demanda en Piura por difamación agravada, presentada por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, miembro del Sodalicio.
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Salinas y Ugaz han denunciado una serie de abusos sexuales, físicos y psicológicos que habrían cometido miembros del Sodalicio de Vida Cristiana, «así como la presunta participación de miembros del Sodalicio en actos de tráfico de tierras y sicariato«, precisa el comunicado.
«Esta alerta busca que las autoridades peruanas conozcan cómo se usan instrumentos judiciales para violar la libertad de expresión», precisó el abogado Rodríguez.
El letrado mencionó a su vez que «el arzobispo Eguren no explica cuál es su relación con la empresa del Sodalicio, comunidad religiosa a la que él pertenece. Su única respuesta ha sido judicial”, señala.
Fuente: Ojo Público
