En diálogo con Cutivalú, Juan Jose Quispe Capayachi, abogado del Instituto de Defensa Legal indicó que “es una gran mentira” que se esté acelerando la investigación de los fallecidos por protesta, como lo señaló la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Quispe señaló que, por el contrario, las investigaciones no se han acelerado, pues pese a que han pasado siete meses desde que ocurrieron los hechos, la presidenta Dina Boluarte guardó silencio al ser interrogada.
Además, indicó que recién el Ejército ha remitido la orden de operaciones para el caso de las muertes en Ayacucho. “Lo único que se puede esperar es un gobierno que no quiere coadyuvar con la verdad de los hechos y su plan está sesgado, parcializado y convenientemente elaborado”, reveló.
“Parece que existe un grado de afinidad entre la presidenta y la fiscal de la Nación”, consideró el abogado. Quispe criticó que las investigaciones por las muertes de los protestantes vayan a paso lento mientras que en las investigaciones contra manifestantes de marchas recientes se haya solicitado prisión preventiva en algunos casos.
El abogado de IDL indicó que desde un inicio se debió investigar las muertes como graves violaciones de derechos humanos y como casos comunes. Además sostuvo que desde el inicio se perdieron elementos importantes de investigación como las pericias de absorción atómica.
“Recién siete meses después poco a poco se está avanzando cuando se han perdido elementos de investigación que pueden costar caro para la justicia que están pidiendo los familiares de las víctimas”, remarcó el letrado.
Por último refirió que es absolutamente falso lo manifestado por la Fiscal de La Nación, quien señaló que la investigación no se ha centralizado en Lima, debido a que la carpeta fiscal está en la capital.
“Los fiscales de regiones han perdido competencia del caso ya que la tiene un equipo especial de fiscales formados a partir de una resolución administrativa de la Fiscalía de la Nación”
Quispe señaló que estos equipos se trasladan a regiones como Ayacucho o Cuzco pero la investigación sigue en Lima. “Deberían pedir a las fiscalías de Derechos Humanos continúan con algunas investigaciones en el lugar de los hechos para no perder tiempo”, señaló el especialista.
PJ confirma archivo definitivo de caso de estafa contra presidente del Congreso
