
La Contraloría General de la República (CGR) encontró presunta responsabilidad penal en exfuncionarios de la Municipalidad de Catacaos, por irregularidades en la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio deportivo del coliseo Cristhian Requena Pasapera. Se trata de un exgerente, dos exsubgerentes de la comuna distrital y en el profesional contratado como jefe de supervisión de obra.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento Nº 005-2026-2-2408-AC se señala que los involucrados permitieron la ejecución, recepción y liquidación del proyecto, pese a las graves fallas estructurales. Estos problemas técnicos fueron corroborados mediante el estudio de mecánica de suelos elaborado por la Contraloría y otros informes técnicos.
La obra demandó una inversión de S/2.4 millones. Se inició el 15 de marzo de 2022 y concluyó el 31 de agosto del mismo año. Posteriormente, fue recibida por la municipalidad el 4 de octubre y liquidada el 12 de diciembre. Desde entonces, la infraestructura permanece inoperativa, debido al riesgo de colapso, lo que impide su puesta al servicio de la ciudadanía.
Según la Contraloría, la municipalidad no adoptó acciones cuando tomó conocimiento de las fallas estructurales advertidas por la empresa contratista y la supervisión durante la ejecución de la obra. Pese a ello, permitió la continuidad de los trabajos. Además, aprobó un adicional de obra que incrementó el presupuesto en más de S/112 mil. Luego, recibió la infraestructura y, posteriormente, liquidó el proyecto.
La Contraloría también adiverte que los muros de concreto, ubicados en los extremos de las graderías del recinto deportivo, comenzaron a presentar una inclinación desde su construcción. El Estudio de Mecánica de Suelos identificó deficiencias en el relleno compactado de las graderías, que no se ajustaron a las especificaciones establecidas en el expediente técnico. Esta inclinación incrementó progresivamente con el paso del tiempo. La entidad de control manifestó que la infraestructura se habría desplomado de haber soportado el peso de los usuarios.
El informe de control fue comunicado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales que correspondan, así como al Órgano Instructor de la Contraloría para el procesamiento de las presuntas responsabilidades administrativas.
















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