A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento confirmó que son 100 casas definitivas, de material de concreto, que se construyeron en el asentamiento Cuatro de Mayo, en el distrito de Castilla, y que podrían perderse por un desalojo ordenado a favor de un tercero que reclama el terreno como suyo.
El ministerio explica que para agilizar el proceso de otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales que permitirían contar con viviendas definitivas, se definió como una alternativa que los damnificados que puedan justificar la propiedad del terreno donde se ubicaba su vivienda colapsada o inhabitable, vía declaración jurada, conforme lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 010-2017.
“En el caso particular de las familias ubicadas en el asentamiento Cuatro de Mayo, el otorgamiento de bonos y la construcción de 100 viviendas definitivas se realizó luego de que los damnificados acreditaran ser los propietarios del terreno utilizando este recurso”, señala el comunicado.
Agrega que ante la aparente existencia de irregularidades respecto a lo sustentado en las declaraciones juradas a las que se hace referencia, el Fondo MiVivienda ha paralizado el otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales y se encuentra realizando una investigación sobre la propiedad del terreno, y sobre la veracidad de las declaraciones juradas.
Finalmente, el Ministerio de Vivienda señala que a la fecha no ha sido notificado de demanda alguna por parte del supuesto propietario del terreno y que “continuarán con las investigaciones del caso, a fin de iniciar acciones legales, de corresponder”.
Estimado señor Director de Radio Cutivalú:
En la edición de hoy 01 de agosto de 2018, de la página Web de su representada, se publica una nota periodística intitulada “Vivienda investiga propiedad del terreno de Cuatro de Mayo en Castilla – Cien casas definitivas construidas para damnificados del Niño Costero podrían perderse por estar en un terreno privado”, señalándose que “A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento confirmó que son 100 casas definitivas, de material de concreto, que se construyeron en el asentamiento Cuatro de Mayo, en el distrito de Castilla, y que podrían perderse por un desalojo ordenado a favor de un tercero que reclama el terreno como suyo”. (Subrayado agregado por el suscrito).
Asimismo se agrega en dicha nota periodística que “El ministerio explica que para agilizar el proceso de otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales que permitirían contar con viviendas definitivas, se definió como una alternativa que los damnificados que puedan justificar la propiedad del terreno donde se ubicaba su vivienda colapsada o inhabitable, vía declaración jurada, conforme lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 010-2017” y que en dicho comunicado el citado Ministerio dice además que. “En el caso particular de las familias ubicadas en el asentamiento Cuatro de Mayo, el otorgamiento de bonos y la construcción de 100 viviendas definitivas se realizó luego de que los damnificados acreditaran ser los propietarios del terreno utilizando este recurso”.
Según la mencionada noticia, el referido Ministerio, cuya misión como Organismos del Estado es la de ser el -ente rector en materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de la población de menores recursos-, “…se ha paralizado el otorgamiento de Bonos Familiares Habitacionales y se encuentra realizando una investigación sobre la propiedad del terreno, y sobre la veracidad de las declaraciones juradas…”, “…ante la aparente existencia de irregularidades respecto a lo sustentado en las declaraciones juradas a las que se hace referencia, el Fondo MiVivienda”.
La referida nota periodística finaliza dando cuenta de que “…el Ministerio de Vivienda señala que a la fecha no ha sido notificado de demanda alguna por parte del supuesto propietario del terreno y que “continuarán con las investigaciones del caso, a fin de iniciar acciones legales, de corresponder”. (Subrayado agregado por el suscrito).
Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo expresado por una dirigente del asentamiento “Cuatro de Mayo” de Castilla, en la entrevista radial difundida también hoy 01 de agosto de 2018, las empresas constructoras entregaron a los beneficiarios del acotado programa de vivienda social formatos de declaraciones juradas referidas a las propiedades de sus lotes para que las suscribieran e igualmente, que la autoridad municipal les otorgó también las correspondientes constancias de posesión, documentos que forman parten de los expedientes respectivos que han presentado como beneficiarios de las cien casas definitivas construidas para los damnificados del Fenómeno del Niño Costero ocurrido el año 2017.
Siendo así, corresponde al Estado, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, brindar las garantías y seguridad del caso a los beneficiarios de las referidas viviendas construidas para mitigar los daños que sufrieron en el último Fenómeno del Niño Costero, e impulsar investigaciones serias para determinar que el terreno sobre el cual se han edificado dichas viviendas no sean terrenos eriazos que siempre han sido propiedad estatal, para evitar así que sean desalojados por elementos o grupos inescrupulosos de poder y traficantes de terrenos que en las últimas décadas se han apropiado de enormes extensiones de tierras del Estado con la complacencia y ayudas de malas autoridades judiciales y administrativas, “legalizándolas” luego como “Propiedad Privada” con el contubernio de algunos malos funcionarios de los registros públicos.
No de otra manera se explica el hecho de que los terrenos adyacentes a ambos lados de las carreteras construidas últimamente, que desde tiempos inmemoriales han sido del Estado y por lo tanto “bienes inalienables e imprescriptibles” hayan sido “lotizadas” por personas jurídicas y naturales, sobre las que se han instalado muros con avisos en los que indican las partidas registrales de la SUNARP en las que han sido inscritas a favor de terceros.
En mi último viaje de vacaciones a mi ciudad natal, Piura, me he quedado sorprendido de ver tantas «propiedades privadas» en terrenos que antes eran parte del desierto, por el que no habitaba ninguna alma como dirían mis buenos paisanos piuranos.
En ese sentido corresponde, también, que en aplicación de las Leyes 27785, 29151 y 29618, el citado ministerio en forma conjunta con la el Ministerio de Justicia, Superintendencia de Bienes Estatales y Contraloría General de la República, en resguardos de los intereses del Estado que son también de todos los peruanos, revisen la legalidad de las vastas extensiones de tierras ubicadas en ambos lados de las carreteras, inscritas en la SUNARP como propiedad privada de terceros, efectuadas en los cincuenta últimos años, para iniciar las acciones legales correspondientes para la recuperación de bienes que son “inalienables e imprescriptibles”.
Seguro que se van a encontrar muchas sorpresas como las reveladas en los famosos “audios de la vergüenza”.
Lima, 01 de agosto del 2018
Edisson Albán Barranzuela
DNI 25654251
CAL 31972