No solo en el Congreso, sino también desde los juzgados se busca cambiar los resultados de la reforma universitaria. Al menos 24 universidades con licencia denegada han llegado hasta el Poder Judicial (PJ) para dejar sin efecto esta medida dispuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La República pudo conocer, a través de solicitudes de acceso a la información pública, que entre las casas de estudio -todas privadas- detrás de ese objetivo figuran la Telesup, cuyo fundador es el parlamentario José Luna Gálvez; la Particular de Chiclayo; la Científica del Perú; la Simón Bolívar; la José C. Mariátegui y la Sergio Bernales.
También están la Universidad Peruana de Arte Orval, la Peruana de Investigación y Negocios (Upein), así como la Marítima del Perú, las primeras de las 50 a las que se les ha negado la autorización por no cumplir con condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria.
En la mayoría de los casos, lo que se solicita es la nulidad de las resoluciones con las que se le denegó la licencia. Con esto, varios demandantes buscan retrotraer el proceso de licenciamiento “hasta la etapa anterior a la presentación de su plan de adecuación”; es decir, volver a la fase en la que se debe subsanar las observaciones.
Esto se desprende de las 41 demandas interpuestas a la fecha contra la superintendencia. Del total, 16 son procesos contenciosos administrativos, 24 acciones de amparo y 1 hábeas corpus.
Consultado sobre sus estados, el procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez, respondió que 27 ya cuentan con resolución favorable. En el caso de los procesos contenciosos, seis ya tienen fallos en primera instancia, los cuales le han dado la razón al ente supervisor y no a universidades como la Marítima del Perú, José Carlos Mariátegui, la Upein, Leonardo Da Vinci, Orval, y la Telesup. La sentencia de esta última se dio en octubre del 2021. Está abierta a apelación.
“Durante los procesos judiciales, que son una batalla desde hace más de 2 años, ninguna ha tenido una sentencia favorable. Lo que quiere decir que la Sunedu ha demostrado haber hecho el proceso de licenciamiento correcto. Los jueces han examinado toda la documentación y declarado infundadas sus demandas. En el PJ no han podido lograr nada contra la denegatoria”, dijo Rodríguez.
Entre los demandantes no solo hay universidades sino alumnos. Es lo que justamente ocurrió con Telesup, cuando se empezó a presentar acciones de amparo en ciudades como Bagua (donde no operaba), Sullana, Piura. Tras interponer cinco de estas demandas, las cuales resultaron improcedentes; la misma casa de estudios optó por acudir hasta el Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de Lima.
Diversas posiciones
Otra que llegó al PJ ha sido la Universidad de Ayacucho Federico Froebel, cuya encargada de su plan de cierre, Kay Jeri, sostiene que la evaluación de la Sunedu presenta sesgos, en comparación a la de otras instituciones. “Lo que están haciendo los abogados es ver qué derechos se están atropellando, cuáles no se cumplen”, indica.
Para Jeri, la superintendencia no ha tomado en cuenta las diferentes realidades y condiciones del país. No obstante, agrega, tienen la intención de volver a solicitar su licencia.
Esto también lo sostiene Max Mundaca, director de posgrado de la Universidad de Chiclayo, quien señala que la denegatoria no tiene sustento y cuestiona al personal de la Sunedu. Añade que esta decisión se dio en el contexto en que su institución había sido “secuestrada” por la anterior gestión y hubo enfrentamientos con Sunedu. A esta entidad le han interpuesto dos demandas.
Este es el panorama mientras que en el Congreso ya está por debatirse una segunda oportunidad para las universidades privadas asociativas sin licencia.
Postura sobre polémicos dictámenes
Entre las universidades que han interpuesto demandas de amparo o contenciosas también están la Santo Tomás de Aquino de Ciencias e Integración, Peruana del Centro, la San Andrés, la Antonio Guillermo Urrelo, la San Carlos y la Escuela Internacional de Posgrado.
Está pendiente de debate en el Pleno el dictamen que le da otra oportunidad a las universidades privadas denegadas y sin fines de lucro. También falta la segunda votación de la “autonomía universitaria”, la cual cuenta con el respaldo del representante de la Particular de Chiclayo. Esta última, al ser asociativa, también sería beneficiada con el primer dictamen.
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