Cientos de transportistas de la región Piura y ciudadanos acataron el paro nacional, convocado para exigir al gobierno central mayor seguridad a la ciudadanía. Fueron los conductores de las empresas 6M, Entrubapi, Emutsa, Super Star y Guadalupe quienes bloquearon algunos puntos de la ciudad y marcharon hasta las instituciones públicas.
La zona de Piura-Catacaos quedó bloqueada desde las 8 de la mañana. Allí, los conductores de transporte urbano se reunieron para exigir, de forma pácifica, la derogatoria de la ley 32108. Esta norma, conocida como ley del crimen organizado, no permite que los fiscales investiguen a los criminales ni a los políticos. Esto genera un vacío legal que es bien aprovechado por los delincuentes que se ven envueltos en casos de extorsión y sicariato.
El vocero de las empresas de transporte, Wilmer Yovera, señaló que, a la fecha, ya han asaltado a 14 buses. Pero también han sido extorsionados. Según comenta el dirigente, los extorsionadores les exigen hasta 50 mil soles para no atentar contra sus vidas.
«Aquí no estamos con un fin lucrativo o político. Estamos luchando por una causa común, por los usuarios. Lamentablemente, los crímenes son contra los ciudadanos de a pie. Han asaltado a un promedio de 13 a 14 buses. No podemos trabajar tanquilos, vivimos en zozobra. Pero aquí hay responsables. Y todos saben de dónde radica la inseguridad ciudadana. Denunciamos pero no prosperan estas denuncias. Ha algunas empresas les han pedido 50 mil soles. A otros, 40 mil, y también 30 mil soles a otros empresarios», sostiene Yovera.
Los dirigentes también señalaron que detener sus actividades ha generado una pérdida de 8 millones de soles en un único día de paro.
«Perdemos plata. Todas las empresas perdemos un montón de plata. Como Emtrubapi estamos perdiendo cerca de 1 millón 500 mil soles en un sólo día. Entre todas las 6 empresa, estamos perdiendo entre 8 y 9 millones de soles. Y los estamos perdiendo porque queremos que se acabe todo esto [inseguridad ciudadana]», sostuvo el dirigente.
Tras algunas horas en el Trébol, los manifestantes marcharon por la avenida Gullman, hasta llegar a la avenida Don Bosco (exCircunvalación). Aquí el tráfico se tornó complejo, debido a los más de 70 buses que transitaban por esta avenida. Las obras que se realizan en una de las intersecciones agudizó el tráfico. Esto generó malestar entre otros conductores y usuarios.
Luego de algunos minutos, los conductores se dirigieron a la Plaza de Armas. Allí, otros colectivos y gremios se unieron a este paro nacional. Con banderolas y carteles, reclamaron al gobierno nacional por las muertes y extorsión que viven diariamente los choferes de estas unidades de transporte.
«El gobierno no ha sido capaz de resolver estos problemas de inseguridad. El Perú se muere. No tienen un sentido profesional de lo que está pasando», dijo Carlos Palacios, dirigente del colectivo «Piura Convoca».
«Nosotros hemos salido a levantar nuestra voz de protesta porque se desangra nuestro Perú a nivel nacional. El gobierno y el Congreso hacen oídos sordos y están trabajando en contra del pueblo. Estamos luchando por nuestros derechos. También exigimos la derogatoria de la ley 32108. Esto es carta abierta al crimen. La criminalidad y la extorsión está avanzando cada día más. Si no nos levantamos, nos va a ganar esta delincuencia», dijo otra ciudadana.
Dentro de los reclamos por la inseguridad en la región y el país, los manifestantes también exigieron mejores condiciones para la educación y la salud de los piuranos. Con carteles en mano, los ciudadanos criticaron el bajo número de médicos para atender a toda una población. Además, recordaron el gasto de recursos públicos en seguridad personal que tiene cada congresista y ministros, a pesar de que la delincuencia continúa acabando con los peruanos.
Después de recorrer el centro de la ciudad, los manifestantes se dirigieron hasta la Región Policial de Piura. Allí, exigieron a los agentes del orden y al jefe policial, acciones y estrategias que permitan capturar a los delincuentes y evitar las muertes por sicariato y extorsión.
Cabe mencionar que este paro nacional fue convocado por los transportistas de Lima, luego de que los conductores y cobradores fueron asesinados por no pagar cupos a los delincuentes. En base a ello, exigen al Congreso la derogatoria de la ley 32108, a fin de lograr una investigación fiscal precisa que permita dar sentencias firmes a los criminales que cometen casos de sicariato y extorsión.
