La organización civil de Transparencia ha elaborado un informe que analiza las cinco acusaciones de la moción presentada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El documento concluye que no existe evidencia de falta grave para destituirlos.
Asimismo, exhortan al Congreso a considerar las graves consecuencias que tendría la vulneración de la institucionalidad de la JNJ y alertan del peligro para la democracia que las ideologías se interpongan en la separación de poderes.
Como se recuerda la moción contra la Junta Nacional de Justicia fue aprobada el pasado 7 de septiembre por el Pleno del Legislativo, y la Comisión de Justicia está investigando, de manera sumaria, a la JNJ por un plazo de 14 días hábiles, los mismos que se han ampliado.
También, la acusan de haber emitido un pronunciamiento indebido sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Según la moción, con este acto se produce una abierta vulneración contra el principio de separación de poderes.
De acuerdo con el análisis que hace la Organización Civil de Transparencia, esto no constituye una falta grave como para pretender destituirlos, y considera que se trata de una exhortación que habitualmente hacen los organismos constitucionales a sus pares. Además, destaca que no tiene carácter vinculante y que se trata de una expresión de los pesos y contrapesos que deben existir entre los poderes públicos.
“Uno puede discutir si fue oportuno o no, pero la exhortación es un acto que no tipifica como una vulneración al principio de separación de poderes”, refirió el secretario ejecutivo de Transparencia, Iván Lanegra.
La denuncia también apela a una supuesta intromisión de tres miembros de la JNJ sobre los jueces de la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncien a favor de la inhabilitada exfiscal de la Nación. Así como el recojo de información periodística de un supuesto informante para sostener que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, habría sido presionado para que cuestione la destitución de Ávalos.
Sobre este punto, Transparencia afirma que no hay sustento, más aún cuando el mismo Arévalo negó ante la Comisión de Justicia haber recibido alguna presión de los miembros de la JNJ. El alto funcionario afirmó que ni esa institución ni el Congreso ni la Fiscalía pueden abrir investigaciones basadas en “chismes”.
Igualmente, la moción de la parlamentaria califica de falta grave la interpretación realizada por la JNJ del artículo 156 de la Constitución, la misma que determina que el límite de 75 años es para postular al cargo y no para el cese. No solo califica este acto como arbitrario, sino como una usurpación de funciones.
Transparencia considera que este tema representa una discusión jurídica ante un vacío legal que el Congreso puede resolver mediante una reforma constitucional que establezca explícitamente si existe o no vacancia por edad.
“Puede ser una discusión legal sobre cuál es la manera de interpretar adecuadamente (la Constitución), pero no estamos ante una causa grave, no estamos ante una vulneración de la Ley sino ante un vacío legal, donde puede haber interpretaciones distintas”, indicó Lanegra.
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