El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE) acató la huelga nacional indefinida, con la finalidad de exigir mejoras salariales en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El secretario del SINTPE Piura, José de la Cruz Sandoval, denunció que, desde hace 11 años, no se actualiza la escala de remuneraciones, a pesar del aumento en el costo de vida y de los aumentos salariales otorgados a otros sectores como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
«Lo que estamos pidiendo es que en el INPE hay tres regímenes laborales. La carrera Pública Especial Penitenciaria, con ley N°29709. Ese personal está estancado en su remuneración íntegra mensual por más de 11 años. A ese personal no se le ha aumentado la remuneración. Todos sabemos que la canasta familiar se ha incrementado y sabemos que a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional se les ha dado un bono y se les ha subido el sueldo, pero nadie dice nada del INPE», precisó Sandoval.
Según Sandoval, esta huelga indefinida implica la restricción de visitas durante los sábados y domingos, de abogados, fiscales y jueces; además de paquetes. A pesar de estas restricciones, se garantiza la continuidad de los servicios básicos como la alimentación y atención médica para los internos. Además, aseguró que las diligencias, tanto virtuales como presenciales, están suspendidas, y que esta información ya se le comunicó a la Fiscalía y al subprefecto de Piura.
«El personal magistrado, abogados, fiscales y jueces, no van a ingresar por temas de seguridad y del derecho a la huelga que estamos haciendo. Lo que sí estamos garantizando es la seguridad; dentro del penal tampoco habrá actividades. El personal de Salud y de Cocina están ingresando. Ahora, el tema de las diligencias tampoco se realizará ni virtuales ni presenciales. Eso se ha notificado a la Fiscalía y al subprefecto«, enfatizó el dirigente, para Cutivalú.
Piden renuncia del jefe del INPE
Sandoval respondió a las recientes declaraciones del presidente del INPE, Federico Javier Llaque Moya, quien aseguró que ninguna llamada extorsiva proviene de los penales del país. Según el dirigente, estas afirmaciones son incorrectas.
«Nosotros conocemos la realidad de cómo es un establecimiento penal y este señor sale a decir que las llamadas extorsivas no salen de un penal. Señores, yo tampoco puedo afirmar, pero lo que salió a decir el general de la Policía yo le doy la razón. Pero el señor Llaque sale a decir otra cosa«, enfatizó.
Según el sindicato, las condiciones en los penales permiten que algunos elementos vulneren la seguridad, y la falta de recursos adecuados agrava esta situación. Por ello, también solicitan la destitución inmediata del presidente del INPE, Javier Llaque Moya, argumentando que su gestión ha sido conflictiva con los trabajadores penitenciarios y ha dejado al personal en condiciones laborales precarias.
«Nosotros estamos incómodos con este presidente porque estamos abandonados, no hay logística para realizar nuestras funciones.. No hay radios, no hay linternas . Estamos en pésimas condiciones. No sé qué tanto el ministro de Justicia, Eduardo Arana, mantiene a este presidente por más de un año», indicó.