Desde una cama de hospitalización en la clínica San Luis de Trujillo, el exgerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, procesado en el caso de las cartas fianzas falsas, argumentó que la creación del cuestionado “Equipo de Seguimiento y Monitoreo de los Proyectos de Inversión del pliego Regional” solo se limitaba a “preguntar por el avance de los proyectos”, en especial por los devengados (pagos por trabajos o servicios realizados).
“Cómo va a decir (el fiscal) que estas personas hacen algo ilícito, si solamente su función es ir a preguntar cómo está el proyecto, porque el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios llama todos los días a preguntar por qué no se ha devengado, por qué no se ha girado”, alegó el exfuncionario.
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Detalló, además, que este equipo paralelo (según la Fiscalía no figura en el organigrama del Gobierno Regional de Piura) se creó a consecuencia de la larga lista de proyectos que tenían por ejecutar en el marco de la Reconstrucción con Cambios y aseguró que lograron acelerar la ejecución presupuestal.
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No obstante, el fiscal López Romaní sostuvo en la audiencia de prisión que esta meta no había sido cumplida, según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
De otro lado, Torres Saravia negó que a través de la extrabajadora de este equipo, Juliana Ballivían Castro, haya ejercido “presión” hacia los demás funcionarios para acelerar el trámite de firma de contrato y pago de cartas fianzas falsas a favor del Consorcio MNDC, que debía ejecutar la obra de Mejoramiento del Centro de Salud de Máncora.
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En su alegato de defensa, el ex hombre de confianza de Servando García mencionó que estuvo ausente del GORE Piura durante los dìas 20 de marzo al 13 de abril por haber enfermado de Covid-19, sin embargo el trámite para el pago de la primera carta fianza falsa y la firma del contrato con el consorcio MNDC se dio entre los meses de febrero y las primeras semanas de marzo.
Por ello, aseguró haber realizado “gestiones inmediatas” para intentar recuperar los 4 millones de soles pagados irregularmente al contratista.
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Pero, esto no dio resultado y los propios colaboradores han dicho a la Fiscalía que el dinero de los adelantos directos tenía por objetivo pagar la primera “coima” de 1 millón 800,000 soles a los presuntos involucrados en el delito de colusión para favorecer a la empresa. Además, la carpeta fiscal revela que se había pactado otro pago de S/ 2 millones producto de un adicional a la obra, el cual no alcanzaron a tramitar.
