Tras varios días de audiencias, lo más seguro es que el juez Richard Concepción Carhuancho dicte prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras diez personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos. Así opinó Ronald Vílchez Chinchayán, docente de Derecho Penal de la Universidad de Piura (Udep).
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“Todo apunta a que el juez dictará prisión preventiva. Es lo más lógico, porque si un fiscal hace gala de más de 300 elementos de convicción, y lo que busca es que esta persona (Keiko Fujimori) no impida la aplicación de la justicia, lo más probable es que esto termine en una acusación formal, que el fiscal deberá presentar inmediatamente se dicte la orden», consideró el jurista en diálogo con CUTIVALÚ.
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Ronald Vílchez explicó que la prisión preventiva es una medida de excepción, ya que «la regla es que un imputado afronte el proceso en libertad». Sin embargo, se deben cumplir tres supuestos: que el delito investigado tenga una pena mayor a los cuatro años de cárcel, que exista relación directa entre el investigado y el delito imputado, y que exista riesgo de que la persona pueda afectar el proceso, ya sea con su fuga o con la alteración de elementos de convicción.
“El fiscal intenta convencer al juez no porque le cae mal Keiko Fujimori, sino porque siente que es necesario que vaya a la cárcel, pues debe asegurarse de que no se fugue el país, compre testigos, o en el peor de los casos, los desaparezca”, manifestó el especialista.
Sobre el tiempo en el que se ha prolongado este pedido de prisión preventiva, Ronald Vílchez Chinchayán señaló que la complejidad del caso lo amerita.
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Para el jurista, hay similitudes en el caso de Keiko Fujimori con el del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Las coincidencias radican en que ambos casos implican a personajes políticos (políticos) investigados por el mismo delito de lavado de activos. Incluso el juez que evalúa el caso es el mismo: Richard Concepción Carchuancho.
Sin embargo, el contexto es diferente, empezando porque el primer caso tiene más personas implicadas. El habeas corpus presentado por la expareja presidencial y que los dejó en libertad no sería un precedente para Fujimori, ya que esta no tiene arraigo domiciliario ni laboral (a diferencia de los Humala-Heredia), y además el poder político es notorio a través de la bancada de Fuerza Popular.
