El Tribunal Constitucional concluyó que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que había aceptado la denuncia contra Pedro Castillo debido a sus comentarios sobre la salida al mar de Bolivia, infringía el principio de justificación adecuada en el ámbito legislativo.
El máximo intérprete de la Constitución dictaminó la anulación del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, así como del informe final que daba vía libre a la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo por presunta violación de la Constitución y el presunto delito de traición a la patria.
Conforme a la resolución, el máximo tribunal determinó que el Poder Legislativo ha infringido el «derecho a la justificación adecuada de las decisiones parlamentarias», por lo tanto, ordenó que los documentos sean anulados.
“No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, manifestó Castillo. Ello generó una ola de críticas, así como pronunciamientos de entidades nacionales y de Bolivia.
