Siete municipios de Piura compraron canastas Covid a empresa sancionada 14 veces por Qali Warma

Por Juliana Coronado y Cindy Chanduvi

En marzo próximo se cumple un año desde que el Gobierno del Perú dispuso una de las medidas más drásticas de la región para frenar el avance de la Covid-19 tras detectarse los primeros casos en el país. La cuarentena nacional obligó a muchas familias a quedarse en casa con el impacto que esto suponía para su salud emocional y la economía familiar. Para ayudar a las familias en extrema pobreza y vulnerabilidad frente al nuevo coronavirus, el Ejecutivo- mediante el Decreto de Urgencia N° 033-2020, autorizó a los gobiernos locales efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, en el marco de la emergencia sanitaria.

En Piura, una de las regiones más golpeadas por la pandemia, se ejecutaron 13’047,599.31 de soles entre las 65 municipalidades de la región, lo que derivó en la compra de 161 mil 568 canastas para las familias en situación de vulnerabilidad, según la data de la Contraloría General de la República.

En esta región del norte del Perú, más de cien empresas y personas naturales fueron proveedoras de las canastas en los diferentes distritos. De ellas, al menos ocho no estaban inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y otras doce se convirtieron en proveedoras del Estado por primera vez al registrarse días antes de contratar con las municipalidades.

En este grupo también figuran otras siete empresas que no tenían experiencia en el rubro de alimentos, pese a eso ganaron; mientras que otras once fueron contratadas por más de un municipio piurano. Es el caso de la empresa Fussex Industrial EIRL que firmó contrato con siete municipios piuranos y desde su creación, en 2016, ha facturado con el Estado Peruano más de S/ 57 millones, tal como se aborda en el presente informe elaborado por Cutivalú con el apoyo del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y la Unión Europea.

La compra de los bienes para las canastas en un contexto de emergencia no estuvo ajena a los problemas de demora en la adquisición y entrega de los productos, así como de denuncias por presuntas irregularidades en los procesos de compra. Ejemplo de ello es el caso del alcalde del distrito piurano de Veintiséis de Octubre, Darwin García Marchena, y cuatro de sus funcionarios que fueron enviados a prisión preventiva por el presunto delito de colusión: adjudicaron la compra de las canastas, valorizada en más de medio millón de soles, a un proveedor que no contaba con respaldo económico, según la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Piura.

La norma autorizaba la compra directa de canastas, aquella compra sin licitaciones, siempre y cuando se garantice los principios de eficacia y eficiencia, es decir, productos con precios justos, de calidad y que estén disponibles en el breve plazo dada la urgencia. “En la adquisición directa, el funcionario toma la decisión sin hacer los papeles, los hace después, pero eso no significa que no se someta a los principios de la contratación pública: eficacia y eficiencia”, explicó para este informe el experto en Derecho Administrativo, Guillermo Chang Chuyes.

Entre las empresas que contrataron con más de un municipio para la venta de canastas Covid figura FUSEEX INDUSTRIAL EIRL, que ha sido proveedora de siete municipios de la región Piura: Ayabaca, Sapillica, Sicchez, Montero, Lagunas, Frías y Cristo Nos Valga por un monto total de 1’029,076.76 soles. A excepción de Cristo Nos Valga, los alcaldes de los otros seis municipios pertenecientes a la sierra de Ayabaca tienen en común ser del movimiento político Fuerza Regional, fundado por Servando García Correa, actual gobernador regional de Piura y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Fuseex Industrial EIRL nace en Sullana en enero de 2016. Su dueño inicial fue Andy Smith Veliz Castillo, quien diez meses después vendió la empresa “a José Darío Palacios Aguilar por el precio de 100 mil soles, totalmente pagados”, según consta en la Escritura Pública N° 758 de fecha 23 de noviembre de 2016, expedida por el notario de Sullana, Tomás Camminati Oneto.

Según el historial de compras del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) Fussex Industrial reporta como primera experiencia con el Estado los contratos con los siete municipios piuranos a los que abasteció de canastas en el año que pasó. Sin embargo, Cutivalú halló que también es proveedora del programa escolar Qali Warma desde 2018; es más, cuatro años antes, su dueño José Darío Palacios Aguilar ya se había convertido en proveedor del programa de alimentación escolar a través de otra de sus empresas: Producciones y negocios agrícolas Valle del Quiross- Paimas EIRL. Como socio de esta empresa también figura su hermano Benjamín Alex Palacios Aguilar, un exfuncionario de las municipalidades distritales de Sícchez y Paimas, en la provincia de Ayabaca.

Millonarios contratos

La suerte de los hermanos Palacios Aguilar, naturales del distrito ayabaquino de Paimas, empezó casi a la par de la creación del Programa Qali Warma. Desde 2014 hasta el 2021, José Darío Palacios Aguilar ha firmado contratos con este programa social por más de 100 millones de soles, a través de tres de sus empresas en los concursos públicos. Su hermano Benjamín ha hecho lo propio por más de 25 millones de soles entre 2018 y 2021, a través de su empresa Alimentos Andinos P&A EIRL.

De 2014 a 2017 Producciones y Negocios Agrícolas Valle del Quiross – Paimas ganó contratos por más de S/ 52 millones, hasta que fue sancionada dos veces por no entregar los alimentos a tiempo. Las penalidades se aplicaron el 2016 por un valor de más de S/ 35,000. Gran parte de estos procesos se los adjudicó el Comité Piura 4, presidido por la entonces gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ayabaca, Bianca Nonajulca Ávila, funcionaria de la gestión de Humberto Marchena Villegas, padre del actual alcalde ayabaquino, y militante de Fuerza Regional, quien es investigada junto a otros funcionarios de Ayabaca, por la supuesta contratación de empresas que no cumplían los requisitos mínimos. 

La funcionaria del municipio ayabaquino presidía los comités de compra de Qali Warma porque el sistema de contrataciones del Programa Social no se rige por las normas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), y en cada jurisdicción se designa como responsable del proceso al funcionario de la localidad con mayor número de escuelas, en este caso, Ayabaca, según explicó para este informe el jefe de Qali Warma en Piura, Jesús Ocampos Mogollón.

Debido a las sanciones y el puntaje negativo que le hicieron perder algunos contratos, en 2018 José Darío Palacios deja de postular a las licitaciones de Qali Warma con Producciones y Negocios agrícolas Valle del Quiross, y en su lugar lo hace con la empresa que compró dos años atrás- Fuseex Industrial EIRL. En esta oportunidad postula como Consorcio Norte con la empresa Disasvel EIRL de Satipo, Junín, obteniendo contratos por 19 millones de soles.

Al siguiente año repite la fórmula ganadora y participa como Consorcio Belén integrada por Fuseex Industrial y J.D.P.A. EIRL, otra de sus cuatro empresas dedicada al rubro de la construcción; y como Consorcio Alto Piura: Fuseex Industrial y Alimentos Andinos P&A EIRL, esta última es la empresa de su hermano Benjamín. Ese 2019, la sociedad de los hermanos ganó procesos por más de S/17 millones, pero tuvo que pagar más de 200 mil soles en siete penalidades por incumplimientos en sus contratos, entre ellos no subsanar las observaciones de documentos para la supervisión y liberación de productos dentro del plazo establecido, y no registrar la entrega de productos en el aplicativo informativo.

A pesar de las sanciones económicas, Fuseex Industrial, como empresa individual, siguió ganando procesos por más de 20 millones de soles durante el 2020. Sin embargo, la pandemia hizo que se suspendieran los contratos y con ello la entrega de alimentos para los escolares en el mes de marzo. Al cierre del año culminó con siete penalidades más por S/ 38,000 por presentar el expediente de liberación de productos posterior al plazo establecido y no registrar la entrega de alimentos de acuerdo a las condiciones establecidas en el protocolo.

“Las penalidades tienen como sanción la imposición de una multa. Puede originar un puntaje negativo a la empresa, lo que va a restarle algunos puntos, pero no le impide participar en un próximo proceso de selección”, respondió el jefe de Qali Warma en Piura, al preguntarle por qué una empresa con sanciones y puntaje negativo sigue siendo seleccionada como proveedora del Estado. 

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En este 2021 Fuseex Industrial ha ganado la buena pro para abastecer a una parte de las escuelas piuranas por un monto superior a los 14 millones de soles en las localidades de Las Lomas, Marcavelica y Sullana. Asimismo, después de cuatro años, ha vuelto a ganar contratos con su primera empresa Producciones y Negocios Agrícolas Valle del Quirosss, junto a otras dos empresas con las que conformó el Consorcio IHM. Esta alianza les ha permitido ganar las ventas de alimentos para Ayabaca, Frías, Pacaipampa y Suyo, por un valor total de 20.5 millones de soles.

Cutivalú intentó dialogar con los hermanos Palacios Aguilar sobre este caso. Se les buscó en las diferentes direcciones de sus empresas en Piura y en el distrito de Paimas (Ayabaca) pero no hubo respuesta. Tampoco respondieron a los emails que enviamos a las direcciones de correo electrónico que adjuntan en la web de Proveedores del Estado y en las cotizaciones que presentaron a los municipios piuranos.

Buena racha 

Pese a la paralización de entrega de alimentos de Qali Warma debido a la pandemia, el negocio de Fuseex Industrial no se detuvo durante el 2020. Como un golpe de suerte, en el mes de abril, ya contaba con órdenes de servicio de siete municipalidades para la compra de Canastas Básicas Familiares. Las órdenes fueron emitidas entre el 3 y 7 de abril. Fue su presencia en la lista de proveedores del programa social lo que le valió para que sea invitada a ser proveedora de las canastas Covid en estas comunas, alegaron los funcionarios municipales que tuvieron a cargo el proceso de compra. Ninguno advirtió las 14 penalidades acumuladas por Fuseex Industrial en sus ventas a Qali Warma. 

Para el 22 de abril esta empresa ya contaba con tres contratos por 479,824 soles en las comunas de Ayabaca y Lagunas, gobernadas por Baldomero Marchena Tacure y Humberto Marchena Villegas, hijo y padre que se han sucedido en el cargo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca que manejan hace 13 años. 

Durante las gestiones de los Marchena, José Darío y Benjamín Alex también han sido constantes proveedores y han facturado más de S/ 4 millones en 21 procesos entre 2012 y 2020, a través de sus empresas en diferentes rubros. Entre ambos hermanos cuentan con siete empresas, una en común: Producciones y negocios agrícolas Valles del Quiross- Paimas SRL (Creada en 2009). 

A parte de Fuseex Industrial EIRL (2016), José Darío es gerente y dueño de otras empresas: Constructora ALEXDANISS SAC (2013), J.D.P.A. EIRL (2016) y Cooperativa Agraria de Productores Valles del Quiroz (2019). Mientras que, su hermano Benjamín Alex no solo es propietario de Alimentos Andinos A&P EIRL (2016), sino también de Edificaciones, Construcciones Benjamín EIRL (2015).

En Ayabaca, la empresa Fuseex Industrial vendió productos para 3 mil 518 canastas por un monto total de S/. 279,910.20. “Nos llamó la atención que no invitaran a algunas tiendas grandes que hay acá en la localidad para que participen del proceso”, coincidieron en señalar los regidores Jorge Jiménez, Líder Pintado Reyes y Abilio Neyra, quienes desde el año pasado solicitaron información al municipio sobre los procesos de compras, pero hasta la fecha no obtienen respuesta. 

Precisaron que durante la sesión de concejo en la que se aprobó el trámite de compra les dijeron que en el estudio de mercado sólo había participado un proveedor, “no nos mostraron los documentos”, cuestionó el regidor Jiménez. “De la noche a la mañana apareció un proveedor con costos muy lejanos a una adquisición al por mayor. Acá había negocios con RUC que podían vender a precios menores”, agregó el concejal Líder Pintado.

Sin embargo, el jefe de Logística de la municipalidad de Ayabaca, Juan Carlos Acuña Santur, aseguró haber visitado otros comercios locales “pero no contaban con Registro Nacional de Proveedores para contratar con el Estado”. Asimismo, mostró otras dos proformas presentadas por Negocios Mi Karem y por el comerciante Segundo Zenobio Paucar Huachillo, cuyos locales funcionan en pequeñas tiendas de abarrotes. Esos negocios “son conocidos proveedores de la comuna”, comentaron los regidores.

Ambas tiendas, ubicadas en una misma calle, “no tenían el stock suficiente y los precios eran muy caros”, por eso no se les contrató, precisó el funcionario edil. 

“La opción más fácil hubiese sido utilizar un consorcio para activar negocios locales o al sector gastronómico. Tú tienes que buscar que los contratos incentiven la economía de tu ciudad, en una situación de emergencia. El registro se tramita digitalmente, es muy sencillo. Ha habido falta de planificación en estas compras”, indicó el especialista en derecho administrativo de la Udep, Orlando Vignolo.

Sobre este caso, Cutivalú viajó hasta Ayabaca para una entrevista pactada con el alcalde provincial, Baldomero Marchena Tacure. Sin embargo, el día de la cita, la autoridad se retiró de la comuna por una puerta trasera sin brindar las declaraciones ofrecidas.

En la ruta hacia Ayabaca se encuentra el distrito de Sapillica, una localidad con más de 10 mil habitantes, en donde las autoridades entregaron 2 mil 649 canastas por un valor de S/ 199,946.52. En esta comuna también se adjudicó la compra directa a Fuseex Industrial por “presentar el precio más económico” en comparación con otras dos proformas alcanzadas por las empresas Comercio de Alimentos Piura SAC y Distribuciones María Karolina SCRL, esta última empresa también es proveedora de Qali Warma y, además, fue invitada para el estudio de mercado de los municipios de Montero y Ayabaca, en las que Fuseex volvió a ganar la adjudicación de bienes para las canastas básicas familiares. 

“No había negocios locales a la altura de la licitación que pedía el Osce. Vimos que esta empresa [Fussex] tenía todo lo necesario, que cumplía con todos los requisitos que mandaba la norma (y por eso se le compró)”, señaló para este informe el alcalde de Sapillica, Rosario Salvador Flores. La autoridad precisó que nunca antes había conocido al proveedor José Darío Palacios y que desconocía su participación como proveedor de canastas en las demás comunas.

En el distrito de Montero, conocido a nivel regional e internacional por su producción local de panela granulada, Fuseex también vendió alimentos para 800 canastas, si bien el número de beneficiarios era menor que en Ayabaca y Sapillica, esto no se reflejó mucho en el precio de las canastas pues se pagó S/ 124.98 soles por cada una, haciendo un monto total de S/. 99,984.00.

Cabe indicar que en este y los demás distritos a los que vendió Fuseex el precio del arroz (S/ 3.00), el azúcar rubia (S/ 3.00) y el aceite (S/ 6.00) se mantuvo homogéneo, mientras que la leche, el fideo, la arveja, lenteja y otros productos varían por algunos céntimos. En el caso del azúcar, el precio del mercado para el mes de abril osciló entre S/ 2.10 y S/ 2.50, pero se compró a 3 soles porque era “producto envasado y de buena calidad”, aseguró el alcalde de Montero, quien admitió que descartó la compra de panela granulada, producida en su localidad, porque costaba 20 céntimos más el kilo.

“Fuimos casi el último distrito que distribuyó las canastas, porque había que cumplir con los requisitos. No conocíamos (al proveedor), él presentó su cotización y hay referencia que vende a Qali Warma”, aseguró el alcalde de Montero, Carlos Sánchez Riofrío. No obstante, el proveedor Palacios Aguilar no resultó tan desconocido para el jefe de Logística, Frawk Roger Livia Chávez, encargado de la compra, quien dijo, que tanto él como el alcalde sabían que el proveedor era un “conocido de Paimas” (distrito vecino de Montero), por lo que le cursaron la invitación para que sea proveedor. Ante la intervención del funcionario, el alcalde Carlos Sánchez reconoció que sí conoce a José Darío porque “ha sido un conocido transportista”.

Para la compra directa en Montero también se pidió cotizaciones a Distribuciones Maria Karolina (la misma que cotizó en Ayabaca y Sapillica) y Livia Contratistas y Servicios Generales S.R.L, de propiedad de Pedro Livia Morocho, primo del jefe de Logística.

Sícchez, Lagunas y Frías son las otras tres municipalidades distritales en las que el proveedor José Darío Palacios Aguilar vendió productos para las canastas básicas familiares, a través de su empresa Fuseex Industrial EIRL. 

En la comuna de Sícchez también se invitó a la empresa Comercio de Alimentos Piura SAC, la misma que cotizó con Sapillica. Esta empresa, cuyo representante legal es Luis Alberto Espinoza Correa, tiene la misma dirección de uno de los almacenes de Fuseex en Piura: expredio Coscomba Mz O SN, en el asentamiento humano Villa Hermosa. El procedimiento de compra en esta localidad también fue con invitación virtual y se escogió a Fuseex porque “ofreció la mejor propuesta económica y los negocios locales no tenían la capacidad para cumplir con los requerimientos”, enfatizó la gerenta municipal, Fiorella Sánchez Toledo.

Para el abogado y exfiscal de Chulucanas, Oscar Echegaray Albán, habría indicios de presunta corrupción en el caso del “proveedor suertudo” que contrató con siete municipalidades para la venta de alimentos durante la pandemia. “Ese modus operandi en todos los municipios hace entrever que hay indicios que este señor se estaría coludiendo con todos los funcionarios para -amparado en las normas de emergencia- obtener la buena pro de los procesos”, indicó Echegary.

El también exconsejero y exmiembro de la comisión de Fiscalización del Consejo regional de Piura, resaltó que la Procuraduría Anticorrupción podría intervenir para identificar si hay indicios de pacto colusorio y de ser así, formular la denuncia correspondiente.

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En el mismo sentido, el regidor de Ayabaca, Jorge Jiménez, pidió a los entes fiscalizadores de la región y el país prestar atención a la forma en cómo se ejecuta el gasto público en los municipios de la sierra piurana, especialmente en la tierra del Señor Cautivo de Ayabaca. “Siempre generan suspicacias las contrataciones. Acá a veces ganan proveedores de combustible que ofertan a mayores precios. Hemos conversado con el contralor y los fiscales anticorrupción. Se debe establecer un plan para investigar estos casos, esta es una organización que opera hace más de 30 años en la municipalidad de Ayabaca”, lamentó el concejal.