La compra de canastas básicas familiares por parte de los gobiernos locales durante la emergencia sanitaria de 2020 genera dudas por los procedimientos ejecutados, entre ellos las cotizaciones y compra por precios unitarios. Para el especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, Orlando Vignolo, estos hechos reflejan falta de planificación y estrategia por parte de los funcionarios ediles.
“Hay una pequeña línea entre la falta de estrategia y el delito. Pueden decir que se equivocaron en la planificación, pero pudieron haber juntado a un proveedor provincial para la compra de todas las canastas y proponiendo mejoras en el precio. Las canastas en bloque tienen un valor menor que si las compras por suministros separados”, explicó Vignolo en declaraciones a Cutivalú.
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El especialista indicó que la compra de bienes homogéneos debe ser en masa para garantizar mejores precios y evitar un posible “problema de sobrevaloración monetaria del suministro”.
A propósito del informe publicado por Cutivalú sobre la cuestionada compra de canastas en seis municipalidades de la sierra que adjudicaron los productos a un solo proveedor, Vignolo lamentó que no se haya dado oportunidad a los negocios locales para dinamizar la economía de sus localidades durante la pandemia.
“Justamente ese tipo de contratos (adjudicación directa) tienen una cláusula que tiene que ver con el incentivo del desarrollo local. Tienen que buscar que los contratos incentiven la economía local que está deprimida por la pandemia”, sostuvo el especialista.
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Un informe de Cutivalú Piura reveló que seis municipalidades de la provincia de Ayabaca y una de Sechura compraron productos para las canastas básicas familiares a la misma empresa: Fuseex Industrial EIRL, cuyo dueño José Darío Palacios Aguilar tiene millonarios contratos con el Estado y más de 15 penalidades en el programa Qali Warma.
Siete municipios de Piura compraron canastas Covid a empresa sancionada 14 veces por Qali Warma
